MADRID, 15 (EUROPA PRESS)
En un contexto caracterizado por graves problemas críticos en el sector energético, con aumentos significativos de los costes para los consumidores finales, una norma prohibió los aumentos unilaterales de los precios del suministro de electricidad y gas del 10 de agosto de 2022 al 30 de junio de 2023.
No obstante, las seis empresas energéticas enviaron cartas a los usuarios instándoles a aceptar cambios de precios en el período antes mencionado, lo que resultó en aumentos significativos en las facturas de sus clientes.
MULTA DE 10 MILLONES PARA ENEL
En particular, Enel y Eni -a las que se impusieron multas de 10 millones y 5 millones- modificaron unilateralmente los precios de suministro a más de cuatro millones de consumidores sobre la base de cláusulas contractuales que permiten a las propias empresas decidir a su propia discreción si y cuándo cambiar las tarifas, una vez vencidos los precios de la oferta económica elegida.
Así, los clientes, incluso varios años después de la expiración de la oferta económica, recibieron cartas en las que Enel y Eni aumentaron los precios sin que hubiera un plazo conocido por el consumidor final. Cabe señalar, en el caso de la multa de 10 millones a Enel, que es la primera vez que se aplica el máximo de ley desde que se modificó el Código del Consumo.
Por su parte, Acea y Dolomiti consideraron que las comunicaciones de cambios unilaterales de precios, enviadas antes de la entrada en vigor de la prohibición, habrían finalizado 10 días después de su envío sin respetar el preaviso de 90 días.
Por tanto, estas empresas aumentaron los precios antes del plazo correcto y, en el caso de Acea, incluso con cambios unilaterales contrarios a la ley. Por estos motivos se impusieron sanciones de 560.000 euros y 50.000 euros, respectivamente.
Iberdrola, multada con 25.000 euros, envió comunicaciones de mayo a octubre de 2022 amenazando con la rescisión contractual por la excesiva onerosidad derivada de la no aceptación de un nuevo contrato de suministro con empeoramiento de las condiciones económicas.
Esta conducta también tenía como objetivo eludir el artículo 3 del decreto, presionando a los consumidores para que aceptaran el cambio unilateral de aumento de precios.
Finalmente, Edison aplicó el aumento de precio antes de que expiraran las tarifas fijadas en el contrato. Dado que la empresa atendía a sus clientes y dado el número marginal de consumidores involucrados, se impuso el mínimo legal de 5.000 euros.
A raíz de estas informaciones, Eni Plenitude ha asegurado a Europa Press que "reafirma la equidad de su conducta y analizará la decisión de la Autoridad, reservándose el derecho a recurrirla".
