BRUSELAS, 15 (EUROPA PRESS)
El pacto, que se conocerá como acuerdo de Samoa y renueva el conocido como acuerdo de Cotonou, abarca temas como el clima, el desarrollo y el crecimiento sostenibles, los Derechos Humanos y la paz y seguridad. Se aplicará de forma provisional a partir del 1 de enero de 2024, a la espera de la aprobación del Parlamento Europeo y la ratificación de las distintas partes.
"Proveerá de un marco modernizado para revitalizar nuestras relaciones con la mayor agrupación de países socios a fin de ofrecer una plataforma de diálogo y coordinación para afrontar juntos los retos de nuestro tiempo", ha asegurado la comisaria de Cooperación Internacional, Jutta Urpilainen.
De este modo, la comisaria finlandesa ha llamado a explotar "poder colectivo" de las cuatro regiones, poniendo de manifiesto que Europa tiene una agenda de inversiones "ambiciosa" en el marco de su iniciativa Global Gateway.
Por su lado, el Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, ha considerado un "hito" la firma de este acuerdo que busca dejar atrás "viejos paradigmas" en la cooperación internacional. "Reúne a más de la mitad de los miembros de la ONU, procedentes de cuatro continentes, en torno a prioridades e intereses compartidos", ha valorado.
El acuerdo llega en la Presidencia española de la UE, que ha celebrado que el acuerdo ayudará a ambas partes a abordar mejor juntos desafíos globales y ha reivindicado el pacto con un "grupo de países muy amplio y diverso" para "medidas concretas para profundizar su asociación de cara a construir un futuro común".
Tras dos años de bloqueo político, la UE da este paso para modernizar el marco general de las relaciones con países africanos, caribeños y pacíficos. Con este acuerdo busca ir "más allá" de la política de desarrollo y enfocarse en otras áreas como la paz y seguridad, la creación de empleo, el desarrollo económico o el cambio climático.
Esta iniciativa ha estado bloqueada dos años por las reticencias de varios Estados miembros de la UE, principalmente Hungría, que denunciaban que el marco suponía injerencias en la política de migración y de minorías sexuales.
