MADRID, 16 (EUROPA PRESS)
En un comunicado, la organización ha recordado que, mientras este jueves y viernes se celebra en Madrid la 4ª Asamblea de la Alianza Europea de Inteligencia Artificial, en Bruselas continúan las negociaciones del Reglamento de IA, que, a su juicio, "todavía tiene varios puntos problemáticos sin resolver, como la regulación de los modelos base/fundacionales o si Europa será pionera en prohibir las técnicas de reconocimiento facial en espacios de acceso público".
La regulación se encuentra en los denominados "trílogos" (negociaciones entre la Comisión Europea, el Parlamento y el Consejo de la UE), que están teniendo lugar bajo la Presidencia española del Consejo.
"Desde la sociedad civil se ha denunciado la poca voz que ha tenido en todo este proceso. Más allá de la neutralidad que debe mantener la presidencia española, lo cierto es que el Gobierno ha manifestado que culminar este expediente es una de sus prioridades", ha señalado.
En este contexto, CECU ha advertido de que la semana pasada "se han evidenciado no solo las tensiones entre las distintas instituciones europeas, sino también la presión que algún sector del lobby de la industria está ejerciendo en el marco de tales negociaciones, particularmente, para que el Reglamento no incluya los denominados modelos base/fundacionales", una situación que, en su opinión, "podría poner en riesgo a toda la regulación".
"Debemos considerar que el Reglamento pretende incluir usos de sistemas de IA que tienen gran impacto sobre los derechos de las personas consumidoras y, en definitiva, sobre los derechos fundamentales", puntualiza CECU, que recuerda que, para poder hablar de una IA confiable en Europa, es necesario que el reglamento "stablezca un claro sistema de clasificación de riesgos, sin lagunas ni discrecionalidad por parte de las empresas".
El reglamento, según exige la organización de consumidores, también debe prohibir totalmente la identificación biométrica remota por parte de autoridades públicas y entidades privadas en espacios de acceso público; o mantener una amplia prohibición sobre el reconocimiento de emociones e incluya garantías adecuadas para cualquier excepción limitada que se pretenda introducir.
También pide un estudio de impacto de derechos fundamentales de manera previa a poner en marcha sistemas de alto riesgo; y que se reconozcan derechos en favor de las personas consumidoras, como el de presentar una reclamación ante la autoridad pertinente, acudir a remedio judicial, explicabilidad de los sistemas de IA que los afecten y ser informado que se está utilizando un sistema de alto riesgo.
