C.E.P.O tenía cuatro años cuando logró manifestarle a su abuela materna, Luz Menes que era víctima de violencia sexual, familiar y física. Señaló como los agresores a papá biológico, su tío y abuela paterna.
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En la búsqueda de justicia interpusieron la denuncia en la Fiscalía General del Estado (FGE) de Yucatán el 6 de febrero de 2022. Acreditaron las agresiones con 78 pruebas y aun así, en octubre se dictó el ejercicio de la no acción penal.
La Fiscalía determinó que no hay los elementos suficientes que comprueben los tres delitos: violación, abuso sexual y violencia familiar. Los agresores de iniciales C.A.P.F., J.I.P.F y M.J.F.P. podrían quedar impunes.
Cambios de comportamiento evidenciaron agresiones
Desde 2021, su abuela materna, Luz tenía establecido un régimen de convivencia que le permitía cuidarlo los fines de semana. Él vivía con su padre porque su mamá falleció cuando era un bebé. Ella sospechó que algo no estaba bien por los cambios de comportamiento del pequeño. Hoy a dos años de la denuncia los agresores siguen libres.
“Me siento triste porque quisiera ayudar a mi nieto de una manera que pueda ver que sí hay justicia para los inocentes. Un niño que ha sido víctima de agravios por hombres y mujeres adultas, que lo maltrataron, pisotearon, tocaron su cuerpo, lo lastimero y aparentemente no es real. Lo pueden acusar de mentiroso cuando es un niño que no tiene que saber de cuestiones sexuales”, declaró en entrevista.
Las primeras pistas de la violencia sexual fue que el menor empezó a tener retrocesos en su comportamiento. Se orinaba y hacía del baño sin avisar. Cada vez que lo regresaba a su casa lloraba para que su abuelita no lo hiciera. “Supo que no estaba bien, lo entendió porque sufría y le dolía”, apuntó la abuela.
Luz en la búsqueda de comprender qué le ocurría a su nieto, acudió con una psicóloga. La primera sospecha se dio porque él refirió que lo obligaban a dormir en el piso y lo golpeaban.
Le comentó esto a la especialista, quien la refirió con una psicóloga especializada en infancias.. Llevó al menor a consulta y ahí confesó la violencia sexual y física que vivía.
“Cuando declaró en la FGE dijo lo que le estaban haciendo. El médico forense dijo que tenía rastros de penetración. En ese momento el niño queda bajo mi custodia provisional”, expresó.
En estos dos años el menor fue sometido a la cámara gesell -una habitación que evita la revictimización de las infancias cuando declaran-, acudió con varios psicólogos peritos forenses y a todas las citas de la FGE.
“La perito forense particular y de la FGE tuvieron la misma opinión, mi nieto fue víctima de abuso sexual, físico, violencia familiar y violación. El niño lo dijo y fue claro, nervioso, angustiado y es normal la reacción de un niño de su edad en un cuarto con alguien que no conoce, pero dijo lo que pasaba”, manifestó su abuela.
Impugnaron la no vinculación
La representación legal del menor impugnó la resolución de la FGE, se encuentran a la espera de fecha para la audiencia que se realizará en el Juzgado Segundo de Control. El licenciado en derecho y asesor legal de Luz y el menor, José Sosa, explicó que los delitos sexuales no pueden sobreseer. Agregó que hay pruebas suficientes para la vinculación a proceso y el juicio.
“En relación al abuso y violencia familiar la FGE dijo no hay elementos y sobreseyó el asunto cuando la víctima directa es un menor, y el mismo Código Penal de Yucatán dice que no se puede sobreseer cuando hay menores de por medio”, especificó.
En la carpeta de investigación es la S1/79/2022 se encuentran las declaraciones del menor y resultados que confirman la violencia sexual de la que fue víctima.
“En el caso de violación existe un informe psicológico de la misma FGE donde la psicóloga forense estableció que se comprobó los hechos denunciados por el menor, tan es así, que el niño establece que fue objeto de agresión sexual, dice que el papá y tío le metían el pene en la boca, resulta extraño que la FGE establezca que no hay elementos para judicializar la carpeta”, relató.
Desde mayo la defensa del menor inició la lucha para que C.E.P.O pueda acceder a la justicia. Ese mes les notificaron que no había datos suficientes para judicializar y a mediados de octubre, se dictó el ejercicio de la no acción penal.
Sospechan que existen influencias dentro de la FGE que buscan proteger a los agresores. La premisa parte de que la hermana de la abuela paterna acusada de violencia familiar, es la única diputada local del PRI en el Congreso de Yucatán.
