SANTIAGO (AP) — Chile contratará aviones para expulsar a migrantes indocumentados detenidos por delinquir, informó el lunes la ministra del Interior, Carolina Tohá.
El gobierno del presidente Gabriel Boric anunció recientemente que se agilizarán los mecanismos y procesos para expulsar a migrantes indocumentados que sean sorprendidos cometiendo delitos.
Entre las medidas nuevas que desplegará el gobierno está la contratación de aviones para trasladar a los expulsados. “Ahora estamos contratando aviones enteros”, dijo Tohá.
Simultáneamente hay acciones legislativas, entre ellas disminuir de 10 a cinco días el plazo de apelación de quienes serán devueltos a sus países de origen y que la policía de investigaciones pueda ingresar a los domicilios de los inmigrantes para comunicarles su expulsión.
Tohá añadió que el gobierno reforzará las conversaciones con Venezuela, “porque las facilidades que se han dado se hacen totalmente insuficientes para alcanzar los ritmos (de expulsiones) necesitados”.
También se ha conversado con Bolivia, país fronterizo que sólo acepta la reconducción de ciudadanos bolivianos.
El pasado gobierno de Sebastián Piñera (2018-2022) contrató 15 vuelos para expulsar a migrantes indocumentados y alcanzó a usar nueve. Los restantes no fueron utilizados por Boric.
Por varios años, Chile registró que la llegada de migrantes se descontroló por pasos no habilitados en su frontera norte con Perú y Bolivia En marzo, el gobierno desplegó varios centenares de militares para frenar el paso fronterizo irregular, que disminuyó en un 55%, según cifras oficiales.
El tema de las expulsiones de inmigrantes irregulares reflotó la semana pasada tras el ataque de dos ciudadanos venezolanos a una pareja de policías tras un control. Uno de ellos lanzó una granada a los uniformados, hiriendo de gravedad a una suboficial, según informó la policía.
Además, en los últimos tres secuestros registrados a comienzos de mes, la policía y fiscales también mencionaron la presencia de extranjeros irregulares.
Luis Eduardo Thaye, director del Servicio Nacional de Migraciones, declaró que las expulsiones administrativas están en “la línea histórica”. Precisó que en este año se han expulsados 239 personas, que en 2022 fueron 31. En 2021, anotaron 246 y 202 en 2020.
“Vamos a seguir coordinándonos mejor con las policías para poder aumentar esas cifras porque tenemos un problema de seguridad, de control migratorio”, añadió.
El lunes se realizaron varias reuniones en la sede de gobierno para abordar el tema de la seguridad. “No vamos a permitir que la delincuencia se tome nuestras calles”, dijo Boric en su cuenta de X, tras participar en uno de los encuentros.
El director de la policía civil, Sergio Muñoz, una de las autoridades de seguridad con las que se reunió Boric, declaró que dispuso a nivel nacional equipos para “ubicar a las personas y ponerlas a disposición para hacer las expulsiones”.
