WASHINGTON (AP) — Un tribunal federal de apelaciones falló el lunes que individuos y grupos privados, como la Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Color (NAACP por sus iniciales en inglés), no tienen la facultad de demandar bajo una disposición clave de la ley federal de derecho al voto, una decisión que contradice a un precedente de varias décadas y podría socavar aún más las protecciones establecidas en la histórica ley de 1965.
La decisión por 2 votos a favor y 1 en contra por parte de un panel de la Corte Federal de Apelaciones del 8vo Circuito, con sede en San Luis, determinó que sólo el secretario de Justicia federal puede ejercer la Sección 2 de la ley de derecho al voto, la cual requiere que los mapas políticos incluyan distritos en donde los candidatos predilectos de las minorías puedan ganar contiendas electorales.
La mayoría determinó que otras leyes federales, incluida la ley de derechos civiles de 1964, dejan en claro cuándo es que los grupos privados pueden demandar, pero indicó que en la ley electoral no se encontró una redacción similar.
“Cuando faltan esos detalles, no nos corresponde llenar los espacios en blanco, excepto cuando lo requiera el ‘texto y la estructura’", escribió el juez federal David R. Stras en la opinión de la mayoría, en la que estuvo acompañado por el juez Raymond W. Gruender. Stras fue nominado al banco por el expresidente Donald Trump y Gruender por el expresidente George W. Bush.
La decisión ratificó el fallo de un juez de menor instancia de desestimar un caso presentado por la Conferencia Estatal de la NAACP en Arkansas y el Panel de Políticas Públicas de Arkansas después de darle al secretario de Justicia Merrick B. Garland cinco días para sumarse a la denuncia.
En su opinión disidente, el juez Lavenski R. Smith destacó que los tribunales federales de todo el país y la Corte Suprema federal han aceptado varios casos presentados por demandantes privados en virtud de la Sección 2. Smith dijo que la corte debería apegarse al “precedente existente que permite una solución jurídica” a menos de que la Corte Suprema o el Congreso decidan lo contrario.
“Derechos tan fundamentales para el autogobierno y la ciudadanía no deberían depender únicamente del criterio o la capacidad de los agentes del gobierno para la protección”, escribió Smith, quien también fue designado al cargo por George W. Bush.
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Cassidy informó desde Atlanta. Los periodistas de The Associated Press Kevin McGill, en Nueva Orleans, Nicholas Riccardi, en Denver, y Mark Sherman en Washington contribuyeron a este despacho.
