Un pañal ensangrentado alertó a la madre de una pequeña de tres años que estaba siendo abusada por su propio padre. Más de un año después de la denuncia el agresor quedó en libertad, no fue condenado y su caso fue finalmente archivado por la justicia colombiana.
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La pequeña de tres años no pudo relatar con su escaso lenguaje lo que le ocurrió. Por ella, y por otros miles de casos, cientos de juguetes “protestaron” el jueves contra el abuso sexual infantil en Colombia en la icónica Plaza de Bolívar en Bogotá, donde se ubican el Congreso y la altas cortes.
“Soy el juguete de Miguel Ángel, de dos años. Él ya no jugará conmigo porque el pasado 15 de septiembre un adulto le quitó la vida después de abusarlo”, se leía en un oso de peluche.
El acto simbólico con juguetes fue realizado por séptima vez en Colombia por la organización internacional Aldeas Infantiles SOS con el objetivo de sensibilizar a la sociedad y hacer un llamado al Estado para que tome acciones contra el abuso infantil, que se ha elevado en los últimos años.
Según Medicina Legal, el instituto encargado de los servicios forenses en el país, en 2021 se realizaron 18 mil 478 exámenes por presunto delito sexual a menores de 18 años, cifra que en 2022 ascendió a 20 mil 877 y que entre enero y septiembre de este año se ubicó en 14 mil 770.
“El número (de víctimas) sigue creciendo, desafortunadamente, porque la respuesta estatal no ha sido lo suficientemente efectiva”, dijo a The Associated Press Esteban Reyes, director nacional de Aldeas Infantiles.
Alejandro Ruiz, asesor nacional de abogacía de Aldeas Infantiles, detalló que el nivel de impunidad alcanza el 97% dado que de cada 10 casos ni siquiera uno termina en condena.
En el caso de la menor de tres años abusada por su padre, Ruiz dijo a AP que la madre no fue llamada a interrogatorio ni se tuvieron en cuenta los comportamientos de la menor para investigar el abuso. Tras ser archivada la causa, el presunto agresor demandó por injurias y calumnias a la madre.
Así como en Colombia, existe en Latinoamérica especial preocupación por los casos de abuso sexual infantil dado que a la falta de respuesta suficiente de los Estados para garantizar los derechos de los menores se suma “una tolerancia cultural frente a este tipo de prácticas”, señaló Reyes.
En el caso de Colombia, país que alberga 2,8 millones de venezolanos, se suma la vulnerabilidad adicional de los niños migrantes. Según Reyes, en el trabajo que han hecho con población migrante en lugares que suelen ser de tránsito constante, como Norte de Santander o La Guajira, fronterizos con Venezuela, han notado que hay “muchos menores no acompañados” más vulnerables a ser violentados.
“El subregistro en este caso es aterrador, la situación es incluso peor que la que se presenta con los niños nacionales, dado que no hay una visibilización de ese fenómeno”, advirtió Reyes.
En años recientes Colombia ha robustecido su normativa para proteger a los menores al expedir leyes para condenar el maltrato infantil y evitar que los delitos sexuales contra menores prescriban.
Sin embargo, María Victoria Zambrano, abogada representante de víctimas ante el Consejo Distrital que coordina la atención de estos casos en Bogotá, indicó a AP que en la práctica el sistema penal aún tiene falencias. Los agresores suelen salir libres e inclusive logran obtener permisos para visitas, “no porque sean inocentes sino porque el acervo probatorio no se analizó de una manera juiciosa”.
Hace aproximadamente cuatro años, recordó Zambrano, un agresor fue autorizado a pasar un fin de semana con su hija, tiempo en el que la abusó y acabó con su vida.
Tanto Zambrano como Aldeas Infantiles advirtieron que una gran parte de los casos de abuso sexual contra menores ocurren en los círculos familiares e insistieron en la necesidad de crear espacios protectores y de prevención.
