MADRID, 23 (EUROPA PRESS)
La empresa, a través de sus abogados, ha asegurado que el artículo 266 de la Constitución no se puede aplicar a las concesiones mineras después de que el procurador de la Administración, Rigoberto González, alegara que este contrato viola el texto constitucional.
Asimismo, ha defendido que tampoco viola el Acuerdo de Escazú, puesto que "no altera" ninguna norma en materia ambiental, mientras que tampoco constituye una decisión ambiental, según ha recogido el diario 'La Prensa'.
Está previsto que el Tribunal Supremo entre en sesión permanente este viernes para valorar el contrato minero en el marco de un caso que ha llevado a la población a salir a la calle para protestar durante las últimas semanas contra la empresa, a la que acusan de provocar daños ambientales e incurrir en delitos de corrupción.
En un intento por suavizar los bloqueos, el presidente del país, Laurentino Cortizo, planteó celebrar un referéndum, si bien el Tribunal Electoral de Panamá rechazó esta posibilidad, ya que no existían las condiciones necesarias para llevarlo a cabo.
La Asamblea Nacional panameña dio 'luz verde' en octubre al contrato minero con los votos de 44 diputados, por lo que autorizó a Minera Panamá a explotar los recursos del área de concesión en los distritos de Donoso y Omar Torrijos (Colón).
