MADRID, 24 (EUROPA PRESS)
Además, la publicación oficial da cuenta de que el texto se ha remitido ya al Gobierno para que se pronuncie sobre su tramitación, habida cuenta que la Constitución otorga al Ejecutivo la potestad de vetar la tramitación de iniciativas legislativas que condicionen su política presupuestaria, sea por aumento de gasto o por merma de ingresos.
El Gobierno dispone de 30 días para pronunciarse, pero en otras ocasiones ha sido muy rápido. En la proposición de ley que acabó con el delito de sedición tardó menos de 24 horas en dar su conformidad al debate.
Una vez salvado este trámite, la Junta de Portavoces ya podrá poner fecha al debate de toma en consideración en el Pleno y todo apunta a que lo sitúe el martes 12 de diciembre, la semana posterior a la celebración del cuadragésimo quinto aniversario de la Constitución.
En el Boletín Oficial de las Cortes de este viernes, consultado por Europa Press, también se recoge, respecto a la solicitud de que la proposición de ley se tramite por el procedimiento de urgencia, que esa decisión debe adoptarse "una vez se haya producido la eventual toma en consideración de la iniciativa".
TRAMITACIÓN POR LA VÍA DE URGENCIA
Es decir, la petición formulada primero por el PSOE y después por sus socios de ERC, Junts, Bildu, PNV y BNG de que se aplique la vía de urgencia, se adoptará, en su caso, después de que el texto haya pasado su primer examen en el Pleno de la Cámara y éste haya dado luz verde a que continúe su recorrido parlamentario.
Cuando el Pleno de la Cámara dé vía libre gracias a la mayoría absoluta del PSOE con sus socios, se abrirá un primer plazo para la presentación de enmiendas. Se da por hecho que la tramitación urgente será aprobada por la Mesa del Congreso, donde el PSOE y Sumar tienen mayoría, lo que recortara todos los plazos a la mitad.
Las prórrogas de plazo dependen de la voluntad de los grupos parlamentarios, pero todo apunta a que el Congreso apruebe la Ley de Amnistía antes de fin de año para su remisión al Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta y está decidido a dilatar los plazos hasta el tope de dos meses que fija la Constitución. De ahí volverá a la Cámara Baja, ya en marzo o abril, para su aprobación definitiva y entrada en vigor.
