CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — El juez guatemalteco Víctor Cruz, señalado por Estados Unidos de emitir resoluciones judiciales con fines políticos, abrió un proceso penal a seis catedráticos universitarios y activistas opositores por sus mensajes en redes sociales apoyando la toma de la única universidad pública del país, cerrada por poco más de un año.
La madrugada del sábado, Cruz tomó la medida para que los seis opositores sean investigados por los presuntos delitos de usurpación y depredación del patrimonio cultural, y falta de mérito por la acusación del fiscal Saúl Sánchez de sedición y asociación ilícita.
Cruz también les concedió arresto domiciliar y les ordenó pagar unos 1.500 dólares de fianza para salir en libertad la próxima semana.
Sánchez basó sus señalamientos en mensajes de las redes sociales X, antes Twitter; Tik Tok, Facebook, de los detenidos, diciendo que éstos habrían alentado a estudiantes a mantener cerrada la Universidad de San Carlos de Guatemala, entre abril de 2022 a junio de 2023.
"Eduardo Velásquez (un reconocido catedrático universitario) saludaba con el puño a personas (…) que se dieron a la tarea de actuar de una forma agresiva contra la Universidad de San Carlos”, justificó el fiscal Sánchez, como parte de una de sus acusaciones.
La universidad permaneció cerrada en protesta por la elección denunciada como fraudulenta del rector Walter Mazariegos, quien el día de la elección, con hombres que tenían cubiertos los rostros y armados de palos, impidió la entrada del total de 170 electores que debían decidir su elección y solo permitió el acceso a 72, que llegaron a votar por él. La fiscalía se negó a investigar ese hecho.
Mazariegos fue incluido también en sanciones estadounidenses por corrupción y socavar las instituciones democráticas del país.
El fiscal inició su investigación solicitando informes forenses previos y posteriormente solicitó el retiro de inmunidad del presidente electo Bernardo Arévalo, su vicepresidenta Karin Herrera, el diputado Samuel Pérez, jefe de bancada de Semilla, y de otros diputados de oposición para incluirlos en la investigación a pesar de que estos contaban con inmunidad.
Los detenidos son opositores políticos del gobierno de Alejandro Giammattei y entre ellos también hay activistas del Movimiento Semilla, el partido que llevó a ganar la presidencia a Arévalo.
Los críticos dicen que la fiscalía mantiene una arremetida contra Arévalo, Semilla, el proceso electoral, magistrados electorales y más de 125.000 ciudadanos que recibieron, contaron y resguardaron el voto de millones de ciudadanos que le dieron la victoria a Arévalo, con la intención de que éste no pueda tomar el poder el 14 de enero.
