CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El Poder Judicial mexicano se anotó el lunes una victoria en el pulso que mantiene con el gobierno luego de que una jueza frenara de forma indefinida la reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador para recortar fondos que sufragan derechos laborales de los empleados de los tribunales.
Una jueza federal de la capital mexicana acordó la “suspensión definitiva” de la reforma que aprobó el mes pasado el Senado de México, de mayoría oficialista, con la que se eliminaron trece fideicomisos del Poder Judicial, señala la decisión que se difundió el lunes.
Los recursos de los trece fideicomisos se emplean para financiar derechos laborales, tales como complementos de pensiones y gastos médicos, de unos 55.000 empleados del Poder Judicial.
López Obrador había promovido la eliminación de los fideicomisos alegando que eran foco de corrupción y que se utilizaban para pagar privilegios y onerosos sueldos de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, magistrados y jueces.
Con esta medida cautelar, el ejecutivo de López Obrador no podrá disponer de los fideicomisos hasta que se emita una sentencia sobre el tema. La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial había presentado un juicio de amparo ante la eliminación de los fondos y aún está pendiente de resolverse.
La asociación dijo en un comunicado que, con la decisión de la jueza, no se podrán eliminar los fideicomisos ni entregar los fondos a la Tesorería de la Federación, estimados en unos 800 millones de dólares. Los recursos están destinados a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Consejo de la Judicatura y el Tribunal Electoral del Poder Judicial.
“Los fondos de dichos fideicomisos se seguirán aplicando para cumplir con su objeto y fines originalmente determinados en ellos, cuyo destino final se determinará en una sentencia constitucional”, refiere el comunicado de la asociación.
El recorte de los fondos se dio en medio de la pugna que mantiene el mandatario mexicano con el Poder Judicial y que ha escalado en los últimos meses, luego de que la Suprema Corte invalidara las reformas energética y electoral y el traspaso de la Guardia Nacional al Ejército que promovió el Ejecutivo.
Los congresistas del partido oficialista Morena y sus aliados en el Senado aprobaron el 24 de octubre la extinción de los 13 fideicomisos del Poder Judicial, pese a las protestas de los empleados de los tribunales federales.
Realizaron un paro general por una semana contra la reforma y, tras su entrada en vigencia, varios centenares de trabajadores judiciales y jubilados presentaron amparos.
López Obrador había propuesto que los fondos de los 13 fideicomisos del Poder Judicial se destinaran para ayudar a las personas afectadas por el huracán Otis que devastó el mes pasado la ciudad turística de Acapulco.
