LIMA (AP) — La fiscal general de Perú, Patricia Benavides, denunció el lunes ante el Congreso a la presidenta Dina Boluarte para que le sea retirada la inmunidad por acusaciones de homicidio calificado y lesiones graves en relación con las protestas antigubernamentales de hace casi un año que exigían su renuncia.
Benavides anunció a través de un vídeo, repartido a los medios, que iba a presentar una denuncia constitucional contra Boluarte y también contra el primer ministro Alberto Otárola y los exministros del Interior, César Cervantes, Víctor Rojas y Vicente Romero.
Según consta en una copia de la denuncia, de 165 páginas, vista por la AP, Boluarte “habría omitido dolosamente adoptar medidas que garanticen el respeto irrestricto de la vida e integridad física de los ciudadanos” por parte de las fuerzas de seguridad “sobre quienes tenía una posición de dominio como jefa suprema de las fuerzas armadas y de la policía nacional”.
El trámite de este tipo de denuncia, con la que se pretende despojar de inmunidad a la mandataria peruana, puede demorar varios meses y debe incluir el visto bueno de una subcomisión de acusaciones constitucionales, así como un informe acusatorio elaborado por un legislador y la aprobación del Pleno parlamentario.
No obstante, la Constitución indica que un presidente sólo puede ser acusado durante su mandato por traición a la patria, por disolver el Parlamento, por impedir unas elecciones o por frenar el funcionamiento del Tribunal Electoral.
Según la Carta Magna, el Congreso debe esperar a que Boluarte concluya su mandato en 2026 para que la acusación sea devuelta a la fiscalía —una vez aprobada por la Asamblea para retirarle la inmunidad— y que el Ministerio Público pueda llevarla ante un juez.
La maniobra de la fiscal general contra Boluarte llegó después de que el lunes, horas antes, una fiscal anticorrupción involucrara a la misma Benavides como presunta líder de un grupo criminal.
De hecho, la presidenta Boluarte dijo por la tarde en una declaración difundida por la televisora nacional que le causaba “extrañeza” que la denuncia de la fiscal general en su contra “haya sido presentada luego que la ciudadanía de todo el país tomara conocimiento de los allanamientos y detenciones” contra el equipo de la fiscal general “por presuntos actos de corrupción”.
Es la segunda vez que Benavides denuncia en ejercicio de su cargo a un presidente ante el Parlamento.
En octubre de 2022, la titular de la Fiscalía General también actuó contra el entonces presidente Pedro Castillo (2021-2022) por los presuntos delitos de organización criminal y corrupción. El Congreso aprobó las denuncias en febrero de 2023 y envió las resoluciones a la fiscalía para que ésta acusara formalmente en marzo a Castillo ante un juez.
Para cuando el Congreso le retiró la inmunidad a Castillo, el expresidente ya estaba en prisión preventiva con cargos por rebelión y había sido destituido y reemplazado por Boluarte en la Presidencia de Perú después de intentar disolver el Parlamento para evitar un votación en su contra.
Ante las acusaciones que pesan contra Benavides por presunta corrupción, la fiscal general dijo —sin mencionar a nadie— que “las últimas horas son una demostración de quienes... tienen aún la capacidad de ejercer represalias” y utilizan para sus fines “a algunos fiscales”.
En la madrugada, Benavides había destituido a la fiscal anticorrupción Marita Barreto que la investigaba como supuesta jefa de un clan criminal y quien ordenó la captura de Jaime Villanueva, el principal asesor de la fiscal general.
Según una copia del documento de 124 páginas que sustentaba la detención de Villanueva, visto por The Associated Press, el grupo criminal liderado por la fiscal general “ha instrumentalizado el poder constitucional del monopolio de la persecusión penal para beneficio particular”.
El grupo de fiscales que ahora investiga a la fiscal general fue creado en 2022 por la misma Benavides para capturar —según sus palabras, “caiga quien caiga”— a los poderosos de Perú.
Recibió el nombre de “equipo especial contra la corrupción del poder”.
Los fiscales recibieron el apoyo de un grupo policial que antes investigó a líderes del grupo terrorista Sendero Luminoso, narcotraficantes y expresidentes, incluido el fallecido exmandatario Alan García (1985-1990 y 2006-2011), así como a Pedro Castillo.
Los fiscales supremos, por debajo de la fiscal general, han pedido que Benavides renuncie. La Junta Nacional de Justicia, entidad encargada de nombrar o destituir jueces y fiscales de todos los rangos, dijo en un comunicado que se encuentra reunida analizando el caso de la fiscal general.
