MADRID, 28 (EUROPA PRESS)
El empresario Lázaro Báez, centro de la trama, fue condenado a 10 años de prisión por lavado de dinero, pero en el caso concreto de Fernández el juez entendió que ya no quedaban acusaciones contra la dirigente kirchnerista, como planteaba también la Fiscalía, y acordó el archivo.
Sin embargo, una nueva organización, Asociación Civil Bases Republicanas --considerada cercana a un partido opositor-- solicitó presentarse en calidad de damnificada y la reapertura del caso. Dos jueces han respaldado este martes revocar el auto del 5 de junio, suficientes para anular el único voto en contra.
Fernández tiene varios frentes judiciales abiertos desde hace años, aunque la expresidenta y actual 'número dos' del Gobierno de Alberto Fernández considera que todo forma parte de una persecución política. Sobre ella pesa ya una condena, que aún no es firme, a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por un delito de corrupción, en el marco de la conocida como 'causa Vialidad'.
