LIMA (AP) — La posibilidad de que el expresidente Alberto Fujimori salga de prisión levanta de nuevo la polémica en Perú, tras un pronunciamiento del Tribunal Constitucional, el segundo que hace, para que se le conceda la “inmediata libertad” pese a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya frenó una orden similar en 2022.
El alto tribunal dijo el miércoles que se retiraron todos los obstáculos para que se ejecute un indulto presidencial que le fue concedido a Fujimori en 2017 por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) y, según el presidente del órgano constitucional, Francisco Morales, la resolución emitida la noche del martes indica que “se debe proceder a cumplir” con “la inmediata libertad del señor Fujimori”.
Fujimori cumple una condena de 25 años como autor intelectual de 25 asesinatos y lesiones graves durante su gestión (1990-2000) atribuidos durante su gestión a un escuadrón militar clandestino.
Morales explicó a la televisora Canal N que quien debe ejecutar ese fallo es un juez local o la agencia penitenciaria que administra las cárceles, en línea con lo que horas después también indicó el Ministerio de Justicia.
Esa dependencia añadió que el poder ejecutivo ratifica que “está obligado a cumplir y hacer cumplir las sentencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales”.
Keiko Fujimori, hija del expresidente y líder del partido Fuerza Popular, dijo a periodistas que esperan “con mucha ilusión que mi padre pueda estar en la casa con nosotros”.
No obstante, el ministro de Justicia, Eduardo Arana, precisó a la radio Exitosa que la decisión del Tribunal Constitucional no puede ejecutarse porque existe una orden de no liberar a Fujimori emitida en abril de 2022 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), la mayor corte latinoamericana en derechos humanos y a la que Perú está sometido.
La Corte IDH ordenó en su momento a Perú “que se abstenga de ejecutar cualquier indulto”, dijo Arana.
En abril de 2022, la Corte IDH frenó esa liberación a favor del expresidente Fujimori, de 85 años en la actualidad, argumentando que el Tribunal Constitucional, en una decisión ampliamente cuestionada a nivel local e internacional, “no cumplió con las condiciones determinadas” cuando revivió el indulto que otorgó Kuczynski en 2017.
También indicó que la decisión se tomó “sin valorar información actualizada sobre la situación de salud del condenado, atención médica y condiciones de cumplimiento” de su sentencia.
Los jueces de la Corte IDH señalaron que no consta que Fujimori “haya tenido inconveniente en las ocasiones en las cuales requirió medicamentos, atención de urgencia y traslados fuera de la cárcel para recibir atención médica especializada”.
Ni los jueces locales, ni la agencia administradora de cárceles —que depende del gobierno— han emitido comunicados o declaraciones públicas tras la nueva decisión del Tribunal Constitucional. Tampoco se ha manifestado la presidenta peruana, Dina Boluarte, ni su primer ministro, Alberto Otárola.
Los expertos interpretaron hace seis años que Kuczynski otorgó el indulto al encarcelado expresidente únicamente para ganar apoyo parlamentario hacia su débil gobierno de parte de legisladores cercanos a Fujimori.
Pero el indulto fue anulado por la justicia peruana en 2018 y Fujimori regresó a una cárcel donde están recluidos los expresidentes Alejandro Toledo (2001-2006) y Pedro Castillo (2021-2022).
Su condena 25 años de prisión en 2009 le atribuye ser el autor intelectual de 25 asesinatos ejecutados por un escuadrón clandestino de militares en dos matanzas ocurridas durante su mandato (1990-2000). Los militares mataban con impunidad y con el apoyo de su gestión en el marco de la lucha contra el grupo terrorista Sendero Luminoso.
Una de las masacres ocurrió en una zona llamada Barrios Altos —donde fueron asesinados 15 vecinos durante una fiesta, incluido, un niño de 8 años— y la otra en La Cantuta, una universidad que forma maestros de escuela, en la que murieron nueve estudiantes y un catedrático.
Perú y otros 22 países de la región reconocen a la Corte IDH como su máximo tribunal en derechos humanos, incluso por encima de sus más elevadas instituciones judiciales.
Además de la sentencia a 25 años, el expresidente está condenado en otros tres casos de corrupción por los cuales debe 13,6 millones de dólares.
