INDIANÁPOLIS, Indiana, EE.UU. (AP) — Una jueza de un condado de Indiana desestimó el miércoles una demanda entablada por el estado que acusaba a TikTok de engañar a sus usuarios sobre el nivel de contenido inapropiado para niños en su plataforma y sobre la seguridad de la información personal de sus consumidores.
Un par de demandas interpuestas en diciembre de 2022 acusaban a la aplicación de engañar a sus usuarios —en particular a los niños— alegando que la aplicación contiene “contenido lascivo e inapropiado” pese a que la empresa sostiene que es segura para los niños menores de 13 años. En la segunda demanda, el estado argumentó que la aplicación engaña a los usuarios haciéndoles creer que su información personal y sensible está segura. Las demandas se consolidaron posteriormente. La última audiencia sobre la moción para desestimarlas se celebró en octubre.
La jueza Jennifer L. DeGroote de la Corte Superior del condado de Allen en Fort Wayne emitió el fallo.
Al parecer, es el primer rechazo a nivel nacional a demandas similares. Hay querellas pendientes en Arkansas y Utah.
En un comunicado, un portavoz del fiscal general Todd Rokita dijo que la fiscalía está “considerando opciones de apelación en este momento”.
Los tribunales ya habían dado señales de escepticismo sobre los argumentos del fiscal general republicano.
Un juez condal de Indiana falló en mayo que descargar la aplicación gratuita no equivale a una transacción mercantil según la legislación estatal, lo que fue un revés para Rokita, quien se ha descrito a sí mismo como enemigo de los gigantes de las redes sociales, incluido Meta.
El juez Craig Bobay, de la Corte Superior del condado Allen, también dictaminó en ese momento que los tribunales estatales no tienen autoridad sobre las declaraciones de TikTok a la tienda de aplicaciones de Apple, ya que ambas empresas tienen su sede en California. Agregó que en Indiana no se lleva a cabo ningún aspecto del “proceso de clasificación por edades”.
Posteriormente, un juez federal rechazó la solicitud de TikTok de mover la demanda a un tribunal federal, pero también señaló en un fallo que la demanda del fiscal general era en gran medida una “postura política”.
