CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Cada mañana, Rosemary Miranda recorre un trayecto de siete kilómetros en autobús desde su casa a la oficina donde trabaja en Managua, la capital de Nicaragua. Esta psicóloga de 24 años sabe que tampoco este mes su salario le alcanzará para cubrir sus gastos básicos, Por eso quiere emigrar.
“En este país la mayoría de la gente trabaja para comer, no puede comprarse ropa y calzado en el mismo mes”, dijo a The Associated Press Miranda, quien estudió en la Universidad Centroamericana (UCA) y se graduó al cabo de cinco años en la última generación de egresados, ya que el centro de estudios fue cerrado y confiscado por el gobierno de Daniel Ortega el pasado mes de agosto.
A inicios de 2022, la joven hizo prácticas en el área de recursos humanos de una empresa microfinanciera, devengando un sueldo mensual de 14.000 córdobas (unos 388 dólares). Un año más tarde fue ascendida al área de contrataciones, con más responsabilidades pero con un ingreso que apenas aumentó en 14 dólares.
Miranda todavía vive con sus padres pues su salario no la deja independizarse. “Yo aporto a los gastos de la casa, pero con lo que gano no podría pagar renta, alimentación, transporte y comida”, relató.
Antes de terminar su carrera estaba decidida a emigrar para mejorar sus ingresos y ayudar a su familia enviándole remesas, pero al conseguir su primer empleo se animó temporalmente.
Sin embargo, hoy vuelve a pensar en la salida del país como una solución. “Aquí la situación es muy difícil, cada mes aumenta el precio de la comida, de la luz, del agua y el transporte. Es difícil poder llevar una vida cómoda”, afirmó Miranda. “¿De qué me ha servido estudiar tanto para graduarme?”, se preguntó.
A 216 kilómetros de allí, en la norteña ciudad de Somoto, Isabel Lazo y su esposo Guillermo esperan que el gobierno de Estados Unidos apruebe su solicitud de “parole humanitario”, un estatus de inmigración temporal concedido a ciudadanos de distintos países, entre ellos nicaragüenses y venezolanos.
Abogada de 42 años, Lazo trabajó durante más de una década en la Universidad del Norte de Nicaragua (UNN) hasta su cierre en abril de 2023. Como en el caso de la UCA y otras 24 universidades privadas que han sido clausuradas, el gobierno sandinista ocupó sus instalaciones para fundar un centro de estudios público.
Su esposo, un ingeniero en sistemas de 52 años, laboraba en la misma universidad. “Nos quedamos sin empleo de un día para el otro. Y aunque tenemos posgrados y maestrías no hemos hallado un buen trabajo. Aquí uno se mata estudiando y eso no sirve para nada”, señala Lazo a AP.
Dice que decidieron emigrar debido a la inestabilidad económica y laboral en el país. “Nos da miedo invertir lo poco que tenemos y perderlo”, afirmó. Actualmente ambos trabajan en una consultoría con una organización no gubernamental europea “pero eso también se acabará pronto”. Además, temen que la organizacipón sea cerrada por el gobierno, como lo ha hecho Ortega con otras 3.500 asociaciones sin fines de lucro en los últimos dos años.
Según la última encuesta del Barómetro de las Américas “El pulso de la democracia 2023”, publicada el pasado miércoles en Washington, casi la mitad de los 6,2 millones de nicaragüenses tiene intención de migrar y de ellos el 23% dice estar “muy preparado” para irse del país en un futuro cercano.
El pesimismo ante la situación económica es similar al del 32% de los ciudadanos de Latinoamérica que tiene intenciones de emigrar, de acuerdo con la encuesta bianual elaborada por el Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP), adscrito a la Universidad de Vanderbilt.
A la carestía de la vida, la falta de empleo y la inseguridad, en el caso de Nicaragua se agrega un sentimiento de decepción por la situación política que se agudizó tras las protestas sociales de 2018 que fueron violentamente reprimidas por la policía y paramilitares sandinistas.
Fue precisamente a partir de esa crisis que aumentó el deseo de emigrar de los nicaragüenses, ya que mientras hace cinco años sólo un 35% pensaba abandonar su país, ahora esa cifra ronda el 50%. Muchos de ellos afirman que no tienen “esperanza” en el futuro, según el informe del Barómetro.
Hoy, al menos uno de cada cuatro nicaragüenses adultos está clasificado con un “alto grado de disposición” para emigrar a corto plazo y “una parte considerable de ellos ha tomado medidas concretas para intentar salir”, dijo la directora del proyecto LAPOP, Elizabeth Zechmeister, al presentar la encuesta realizada en 26 países latinoamericanos.
Para Zechmeister, los jóvenes de la región muestran un “apoyo decreciente” a la democracia en sus países.
Los encuestadores, que en Nicaragua entrevistaron a 1.512 personas, concluyeron que la cifra de nicaragüenses satisfechos con la democracia bajó de 41% a 36% en los últimos dos años. Además, sólo un 31% confía en las elecciones y un 27% cree que su voto puede ayudar a lograr cambios en el país.
La crisis política y social que aún afecta a Nicaragua ha motivado el mayor éxodo en la historia de este convulso país centroamericano azotado por guerras, terremotos, huracanes y dictaduras.
Según datos del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, al menos 600.000 nicaragüenses han emigrado por razones políticas y económicas desde abril de 2018 hasta junio de este año. La cifra representa casi al 10% de la población total del país.
Este flujo migratorio aumentó en un alarmante 237,2% entre 2021 y 2022, de acuerdo con esa organización.
