QUITO (AP) — La Asamblea de Ecuador desistió el jueves de llevar adelante un trámite de censura política y destitución contra el expresidente Guillermo Lasso, que salió del cargo hace una semana, pero pidió investigarlo a los organismos de control por un caso de presunta corrupción en contratación pública en su gobierno.
Lasso acortó su propio mandato, tras dos años y medio de gestión, para eludir un juicio político en mayo pasado por el mismo asunto. Disolvió el Legislativo y convocó a elecciones. Le sucedió Daniel Noboa como mandatario.
Los nuevos miembros de la Asamblea, de mayoría opositora, quisieron retomar esta semana el trámite con la intención de censurar políticamente y destituir al expresidente, pese a que Lasso ya había dejado el cargo.
Tras dos días de debate parlamentario, el Pleno del Legislativo aprobó una resolución en la que se señala que el exgobernante “organizó, conoció y consintió la distracción de fondos públicos" en la renovación de un contrato para el transporte de petróleo ecuatoriano "lo que generó un perjuicio para el Estado a favor de terceros”.
No obstante, la resolución que obtuvo 116 votos a favor de 124 asambleístas presentes, descartaba la posibilidad de destituirlo, una figura que no cabía —según advirtieron varios asambleístas durante el debate—, pues la Constitución solo la prevé para los mandatarios que están en funciones.
legisladores como Rafael Dávila puntualizaron que la Constitución “no admite censura sin destitución y no puede haber destitución de quien ya no ostenta su cargo”.
Para el constitucionalista, Ismael Quintana, el pronunciamiento de la Asamblea es “una decisión de carácter simbólico y político”, aseveró en un diálogo telefónico con The Associated Press.
El jurista consideró que si bien la continuidad del juicio político era una competencia del Legislativo toda vez que cuando inició en mayo pasado Lasso aún cumplía funciones, la censura e inhabilitación “no tenía posibilidad jurídica en este momento”.
Lo que sí impulsó el Parlamento ecuatoriano en su resolución es que se traslade el expediente a la Contraloría y a la Fiscalía para que dentro de sus competencias inicien "los respectivos procesos de investigación y control” por “presumir el cometimiento de una infracción penal”.
El Legislativo también rechazó el uso de la figura de la “muerte cruzada” —la maniobra con la que Lasso disolvió la Asamblea— por “eludir su responsabilidad política y posible censura y destitución”.
