MADRID, 1 (EUROPA PRESS)
"(El Gobierno venezolano y la oposición) acordaron que: se promoverá la autorización a todos los candidatos presidenciales y partidos políticos, siempre que cumplan con los requisitos establecidos para participar en la elección presidencial, consistentes con los procedimientos establecidos en la ley venezolana; asimismo conforme a los principios de celeridad, eficiencia y eficacia recogidos en la Constitución", reza un comunicado de la Embajada publicado en su cuenta de la red social X, antes Twitter.
Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, ha asegurado que las autoridades venezolanas han dado "un paso más en la dirección correcta" al ratificar el acuerdo de Barbados, aunque ha insistido en que se debe respetar la Constitución del país.
"Hoy hemos dado un paso más en la dirección correcta, ratificando lo acordado en Barbados, para hacer respetar las decisiones de las instituciones, del Estado de derecho y la Constitución en Venezuela. Seguimos avanzando. Dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada", ha manifestado Rodríguez en su cuenta de X.
Los candidatos electorales inhabilitados deberán acudir en persona al Tribunal Supremo para presentar un recurso contra la decisión de no permitirles presentarse a las elecciones de 2024. Además, ninguno de los políticos podrá "incorporar conceptos ofensivos o irrespetuosos contra las instituciones del Estado" en la demanda o en declaraciones públicas.
En ese sentido, el documento insiste en que los candidatos deben comprometerse a respetar la Constitución, a "honrar y defender a la patria sus símbolos y valores culturales", a "resguardar y proteger la soberanía, la nacionalidad, la integridad territorial, la autodeterminación y los intereses de la nación", a acatar la decisión judicial respecto al recurso presentado y rechazar cualquier tipo de violencia y acciones que "atenten contra la soberanía, la paz y la integridad territorial de Venezuela".
Sobre Machado pesa una orden de inhabilitación por 15 años dictada en junio por la Contraloría General a raíz de la petición de un diputado chavista y fundamentada, entre otras razones, en presuntas irregularidades de tipo administrativo y en su respaldo a las sanciones aprobadas por otros gobiernos contra Venezuela.
