CARACAS (AP) — Representantes del gobierno del presidente Nicolás Maduro y de un sector de la oposición venezolana acercaron posturas para revisar las inhabilitaciones a ejercer cargo público que pesan contra políticos, como la candidata a la presidencia María Corina Machado.
La embajada noruega en México informó que ambas partes acordaron un procedimiento al que pueden acudir los dirigentes políticos opositores que tienen inhabilitación, dictada por la Contraloría General para que la medida sea revisada.
Entre los inhabilitados —una figura que impide ejercer cargo público— está la exlegisladora Machado, ganadora de las primarias de octubre para enfrentar en las elecciones de 2024 a Maduro.
La Contraloría General inhabilitó Machado para ejercer cargos públicos por 15 años apenas unos meses antes de las primarias en la que resultó victoriosa con un respaldo popular de 92,35%.
La representación diplomática noruega, que funge de mediadora en los diálogos entre el gobierno de Maduro y la oposición, señaló en un comunicado divulgado en su cuenta de X, antes conocida como Twitter, que las partes acordaron el procedimiento para “procurar la revisión de las medidas de inhabilitación” dictadas por la Contraloría ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Se estableció que los afectados deberán acudir personalmente a la Sala Político Administrativa del máximo tribunal —controlado por el oficialismo— para presentar un recurso contra la inhabilitación, entre el 1 el 15 de diciembre. No se estableció un plazo para que el máximo tribunal se pronuncie sobre la admisión de la demanda y el amparo solicitado. Con excepción de las acciones judiciales promovidas por el oficialismo, el resto de los sentencias en el TSJ suelen demorar meses y a veces años.
El anuncio se produjo casi seis semanas después de que Washington suspendiera temporalmente algunas sanciones a los sectores del petróleo, el gas y el oro de Venezuela, tras llegar a un acuerdo formal entre las partes para alcanzar una serie de condiciones básicas en las próximas elecciones presidenciales, previstas para el segundo semestre de 2024.
Sin embargo, el Departamento del Tesoro advirtió que el levantamiento temporal de sanciones se puede modificar o revocar en cualquier momento en caso de que los representantes del gobierno venezolano no cumplan con sus compromisos.
Los críticos del gobierno insistentemente alertaban que más de un mes después de los acuerdos suscritos en Barbados, en el marco de la reanudación de los diálogos, la administración de Maduro no había tomado una medida concreta con miras a garantizar comicios presidenciales libres y justos.
“Hemos dado un paso más en la dirección correcta, ratificando lo acordado en Barbados, para hacer respetar las decisiones de las instituciones, del Estado de derecho y la Constitución en Venezuela. Seguimos avanzando”, dijo Jorge Rodríguez, jefe de la delegación del gobierno de Maduro y presidente de la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, mediante su cuenta en la red social de X.
Voceros del partido Vente Venezuela, agrupación de línea dura que Machado fundó en mayo de 2012, declinó el viernes comentar sobre el proceso de apelación.
Críticos del gobierno, entre ellos activistas de los derechos humanos, se mostraron escépticos con la medida. Algunos la describieron como una trampa porque según afirman afectados estarían admitiendo ante el Tribunal que están inhabilitados. Líderes opositores, entre ellos Machado, han catalogado las inhabilitaciones como “una aberración jurídica” y las consideran “nulas”.
Si los políticos inhabilitados no acuden al Tribunal Supremo a presentar su apelación, “entonces no puedes participar en la elección presidencial porque no ejerció el recurso”, pero si a esa acción judicial la “declaran sin lugar, entonces tienes que acatar la decisión y no puedes participar”, dijo Joel García, abogado penalista, profesor universitario y activista de los Derechos Humanos en sus redes sociales.
Maduro y sus aliados han desacreditado y minimizado las primarias durante todo el año, pero intensificaron sus ataques después de que las las primarias excedieran las expectativas de participación. Más de 2,4 millones de venezolanos en el país y en el extranjero votaron, incluso en áreas que alguna vez fueron consideradas bastiones del partido gobernante.
