MADRID, 1 (EUROPA PRESS)
La CorteIDH se ha pronunciado tras ser alertada por los familiares de las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, después de que el Tribunal Constitucional instara a las autoridades a proceder con la liberación de Fujimori.
Este tribunal ha dado hasta el 6 de diciembre al Estado peruano para que envíe un informe sobre cómo se está aplicando aquella resolución del 7 de abril de 2022 en la que le pedía "abstenerse" de aplicar la sentencia favorable al indulto humanitario de Fujimori que dictó el Constitucional un mes antes, informa 'La República'.
El Constitucional, no obstante, en su reciente resolución sobre este caso, se ha mostrado reacio a facilitar cualquier tipo de aclaración sobre el fallo que emitió en abril de 2022, con el que se concedió un 'habeas corpus' a Fujimori, reactivando así el indulto de Kuczynski, que ya fue anulado por el Tribunal Supremo en 2018.
Aquel indulto otorgado por Kuczynski --en libertad condicional a la espera de juicio por corrupción-- en diciembre de 2017 tenía la función de lograr los votos de Fuerza Popular en la moción de censura que se presentó en su contra.
Ya en marzo de 2018, no puedo evitar su segunda moción de censura después de que se destapara una serie de vídeos en los que varios miembros de Fuerza Popular, entre ellos Kenji, otro de los hijos de Fujimori, intentaban comprar el voto de otro compañero de partido a cambio de no apoyar su vacancia presidencial.
Fujimori ha apelado a sus 85 años de edad y a su estado de salud para exigir que pueda seguir cumpliendo la condena en su domicilio. En su 'habeas corpus', cuenta que ha empeorado desde que se le anuló el indulto y recuerda cómo en 2021 pasó por un infarto que le hace dependiente de una bomba de oxígeno gran parte del día.
El juez que tiene en sus manos el caso del 'habeas corpus' de Fujimori es Vicente Fernández Tapia, con varios expedientes disciplinarios abiertos y que ya fue suspendido algún tiempo. Entre sus irregularidades destaca la de la liberación de un miembro de la organización criminal La Sagrada Casta de Ica.
Además de esta condena a 25 años de prisión, Fujimori tiene por delante otro proceso penal, junto a varios de sus ministros de Salud, por las esterilizaciones forzosas a casi 350.000 mujeres y 25.000 hombres de diferentes comunidades indígenas durante su gobierno entre los años 1990 y 2000.
