PANAMÁ (AP) — La minera canadiense First Quantum informó el viernes que su subsidiaria local Minera Panamá inicio un arbitraje internacional para proteger sus derechos, luego de que un fallo judicial en Panamá declarara inconstitucional un contrato-ley que firmó con el Estado panameño para extraer cobre en una zona rica en biodiversidad, que conllevaría el cierre de la mina.
La compañía dijo en un comunicado que el pedido de arbitraje fue presentado ante la Corte Internacional de Arbitraje el pasado 29 de noviembre, en Miami. El objetivo, apuntó es proteger sus derechos bajo el acuerdo de concesión que firmó con el Estado panameño. No obstante señaló que “permanece abierta al diálogo constructivo para alcanzar acuerdos que beneficien a las partes”.
No hubo de momento un pronunciamiento del gobierno sobre el anuncio de la minera.
La controvertida explotación minera en el Caribe panameño, avalada por el Parlamento y firmada rápidamente por el presidente Laurentino Cortizo, en medio de las protestas intensificó el rechazo en las calles exigiendo la anulación del contrato-ley.
Las manifestaciones de estudiantes, maestros, indígenas, ambientalistas y obreros, entre ellos, del sindicato de la construcción, duraron más de un mes y cesaron tras la resolución de inconstitucional de la Corte Suprema panameña.
En su fallo del 27 de noviembre, dispuso que el efecto de su veredicto debe ser interpretado en el sentido de que no existe concesión minera. Cortizo aseguró que acataría el dictamen y que una vez que sea publicado en la Gaceta Oficial se iniciará el proceso de transición para un cierre ordenado y seguro de la mina.
En Panamá, analistas y abogados esperaban que tras la anulación del contrato-ley con la minera, dicha empresa promoviera reclamos a través de arbitrajes internacionales con base en tratados comerciales suscritos entre Panamá y Canadá. La minera ha dicho que su inversión en Panamá es de 10.000 millones de dólares y que emplea directamente a 7.000 trabajadores.
