CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — Tres magistrados del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala abandonaron el país después que el Congreso les retirara su inmunidad mientras el bando perdedor en las elecciones presidenciales continuaba sus esfuerzos por interferir con los resultados.
Un portavoz del Instituto Guatemalteco de Migración confirmó el viernes que los juristas habían abandonado Guatemala luego que los diputados votaran cerca de la medianoche del jueves para levantar la inmunidad de cuatro de los cinco magistrados de la corte. La institución migratoria no dijo a dónde habían viajado los magistrados Ranulfo Rojas, Gabriel Aguilera y Mynor Franco. Ninguno de ellos se ha pronunciado.
Blanca Alfaro, presidenta del Tribunal Supremo Electoral, afirmó el viernes que dos magistrados —Irma Palencia y Rojas— habían solicitado licencia.
Los magistrados certificaron el resultado electoral, pero se vieron presionados por las acusaciones de dos abogados vinculados a un candidato de extrema derecha que no avanzó a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.
Los abogados se quejaron de que el tribunal pagó de más por el software adquirido para realizar y publicar rápidamente los recuentos iniciales de votos. La Fiscalía General había dicho anteriormente que su investigación preliminar sugería que había opciones menos costosas disponibles.
Al despojar a los magistrados de su inmunidad, los legisladores siguieron la recomendación de un comité especial creado para investigar las acusaciones.
Los observadores internacionales de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea declararon que las elecciones fueron libres y justas. Bernardo Arévalo, del partido progresista Movimiento Semilla, fue el ganador sorpresa.
Arévalo no había estado entre los principales candidatos de cara a la primera ronda de votación en junio, pero aseguró el segundo lugar en la segunda vuelta con su promesa de tomar medidas enérgicas contra la corrupción endémica de Guatemala. Y en la votación final de agosto, ganó por un amplio margen a la ex primera dama Sandra Torres.
Hijo de un expresidente, Arévalo logró posicionarse como un outsider. Como académico que había trabajado durante años en la resolución de conflictos, no estaba contaminado por la corrupción que ha invadido la política guatemalteca en los últimos años y ofreció una promesa de cambio.
Pero una vez que ganó un lugar en la segunda vuelta, el sistema de justicia de Guatemala entró en acción con múltiples investigaciones contra su partido y su liderazgo. Los fiscales consiguieron que un juez suspendiera al partido, alegando que había ilegalidad en la forma en que reunió firmas para registrarse como partido años antes.
A principios de este mes, las autoridades arrestaron a varios miembros del Movimiento Semilla y los fiscales solicitaron que Arévalo y su vicepresidenta electa también pierdan su inmunidad por supuestamente hacer comentarios de apoyo en las redes sociales sobre la toma de una universidad pública el año pasado.
La fiscal general Consuelo Porras, quien ha sido sancionada por el gobierno de Estados Unidos, ha enfrentado meses de protestas y pedidos de su renuncia, así como la condena internacional por la interferencia de su oficina.
Porras, así como el presidente saliente Alejandro Giammattei, han negado cualquier intención de inmiscuirse en los resultados electorales. Está previsto que Arévalo asuma el cargo el 14 de enero.
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Christopher Sherman, en Ciudad de México, contribuyó con este informe.
