LONDRES (AP) — El primer ministro Rishi Sunak enfrentaba la presión el viernes para explicar por qué Gran Bretaña ha pagado a Ruanda 240 millones de libras (300 millones de dólares) como parte de un plan de asilo que permanece bloqueado sin que se haya enviado a una sola persona al país del África Oriental.
La suma es casi el doble de los 140 millones de libras que Londres afirmó había entregado al gobierno ruandés bajo un pacto firmado en abril de 2022. Bajo ese acuerdo, los migrantes que llegan a Gran Bretaña cruzando el Canal de la Mancha serán enviados a Ruanda, donde se procesarán sus solicitudes de asilo y, de ser aprobadas, serán recibidos
Se presentó una demanda contra el plan en los tribunales británicos, y hasta ahora ningún vuelo a Ruanda ha despegado. El mes pasado, la Corte Suprema británica sentenció que la medida era ilegal porque Ruanda no es un país seguro para los refugiados.
A pesar del fallo y el costo creciente, Sunak ha prometido seguir adelante con el plan.
La oficina de asuntos interiores indicó que había pagado otros 100 millones de libras a Ruanda en el año fiscal 2023-24 y prevé girar 50 millones de libras adicionales en los próximos 12 meses.
El ministro de Inmigración, Tom Pursglove, defendió el costo al afirmar que el dinero garantizará que “se instale la infraestructura correspondiente para sostener la asociación”.
“Parte del dinero ayudará a asegurarnos de que podamos responder debidamente a los cuestionamientos de la Corte Suprema”, añadió.
Los Demócratas Liberales, de oposición, señalaron que era “un derroche imperdonable del dinero de los contribuyentes”.
El plan Ruanda es crucial para el objetivo que se ha autoimpuesto el gobierno británico, de impedir que los solicitantes de asilo no autorizados lleguen a Inglaterra desde Francia en pequeños botes. Más de 29.000 personas lo han hecho este año y 49.000 en 2022.
Después del fallo de la Corte Suprema, Gran Bretaña y Ruanda firmaron un tratado por el cual se comprometieron a reforzar las protecciones para los migrantes. El gobierno de Sunak sostiene que el tratado le permite sancionar una ley que declara a Ruanda destino seguro.
La ley, si la aprueba el Parlamento, permitirá al gobierno “dejar de aplicar” disposiciones de la ley de derechos humanos británica en lo relativo a los pedidos de asilo relacionados con Ruanda y dificultará los recursos judiciales contra las deportaciones.
El proyecto de ley, cuya primera lectura en la Cámara de los Comunes está prevista para el martes, ha provocado escándalo en el Partido Conservador gobernante, que enfrenta una elección general el año próximo y está retrasado en las encuestas con respecto a la oposición laborista.
Los legisladores conservadores de centro se oponen al proyecto porque temen que el país viole sus obligaciones en materia de derechos humanos.
Pero el peligro mayor para Sunak proviene del ala derecha autoritaria, que cree que el proyecto es insuficiente y quiere que el Reino Unido abandone la Convención Europea sobre los Derechos Humanos. Casi todos los países europeos, salvo Rusia y Bielorrusia, están sujetos a la convención y su tribunal.
