BRUSELAS, 13 (EUROPA PRESS)
El Consejo y el Parlamento Europeo han alcanzado este miércoles un acuerdo provisional sobre las nuevas normas de productos de construcción 'verdes', que eliminarán los obstáculos a su libre circulación en el mercado y reducirán la carga administrativa a través de soluciones digitales a fin de incentivar su uso
El acuerdo provisional, que aún debe ser refrendado por ambos colegisladores, tiene en cuenta el desarrollo de las tecnologías, prevé la creación de un pasaporte digital de productos de construcción y establece la habilitación para futuros procedimientos de contratación pública 'verde' de productos de construcción.
El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, en su papel de presidencia española del Consejo, ha destacado que el acuerdo equipará a los constructores para que sean actores "clave" de las transiciones verde y digital, mientras que los productos de construcción del futuro requerirán la extracción de menos recursos y generarán menos contaminación y residuos, por lo que los edificios "no sólo protegerán de las condiciones climáticas extremas sino que también ayudarán a luchar contra el cambio climático".
Según el texto de compromiso, la Comisión estará facultada para establecer requisitos mínimos obligatorios de sostenibilidad ambiental a través de actos delegados para la contratación pública de productos de construcción, para incentivar la oferta y la demanda de productos ambientalmente sostenibles.
Estas normas pueden aplicarse a todos los contratos que contengan productos de construcción, incluidos los contratos de obras de construcción, cuando los Estados miembro quieran introducir requisitos medioambientales para estos productos.
El acuerdo provisional también ofrece a los Estados miembro la posibilidad de desviarse de los requisitos medioambientales en los casos en que su aplicación daría lugar a una baja oferta de mercado para el producto de construcción requerido, en los que no habría ofertas adecuadas y en los casos en los que generaran costes desproporcionados que causaran que el Estado miembro gaste más del 10% en comparación con el escenario en el que no se aplicarían requisitos.
El acuerdo provisional propone un período de transición del antiguo marco legal al nuevo que durará 15 años a partir de la fecha de entrada en vigor del nuevo reglamento (hasta 2039) para garantizar que haya tiempo suficiente para realizar una transición ordenada y una migración adecuada de especificaciones técnicas armonizadas del antiguo marco legal al nuevo, y minimizar el riesgo de desarmonización de cualquier grupo o familia de productos.
