CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Senadores opositores descartaron la noche martes un posible acuerdo con el oficialismo para mantener a la Guardia Nacional bajo control del Ejército, tal como lo había anunciado el presidente Andrés Manuel López Obrador la semana pasada.
Así lo ratificó la bancada opositora durante una sesión extraordinaria de comisiones del Senado, en la que se aprobó una iniciativa de interpretación de un artículo de la Constitución sobre los derechos laborales de los militares que pasaron a formar parte de la Guardia Nacional tras su creación en 2019.
La duda surgió luego que López Obrador anunció el jueves pasado que había negociaciones en el Congreso para que la Guardia Nacional se mantuviera bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y no se cumpliera con la decisión de la Suprema Corte de Justicia, la cual ordenó que el cuerpo debía volver a un mando civil a más tardar el 1 de enero de 2024.
El senador Julen Rementeria, del opositor Partido Acción Nacional (PAN), descartó la posibilidad de un acuerdo al respecto, y aclaró que solo hubo consenso para aprobar una iniciativa de interpretación del texto constitucional para “darle claridad” a los militares adscritos a la Guardia Nacional de que no perderán sus derechos laborales una vez que el cuerpo regrese a manos civiles a partir del próximo mes.
La iniciativa de interpretación se discutirá el miércoles en la sesión del Senado para su aprobación final.
Rementeria dijo a The Associated Press que el partido oficialista Morena, que controla el Senado, no cuenta en este momento con la mayoría calificada para impulsar alguna iniciativa que mantenga a la Guardia Nacional bajo el mando del Ejército.
El máximo tribunal acordó en abril que la Guardia Nacional debía regresar a más tardar el 1 de enero de 2024 al control de la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana, tal como se estableció en la constitución tras la creación del cuerpo hace cuatro años.
La decisión de la Corte se dio después de que se invalidó una reforma constitucional que había sido aprobada por la mayoría oficialista del Congreso en septiembre de 2022 y que dejaba a la Guardia Nacional — integrada por más de 118.000 uniformados — en manos de la Sedena. Desde su creación en 2019, la Guardia Nacional ha estado conformada en más de un 80% por elementos del Ejército y la Marina.
López Obrador, quien impulsó la reforma constitucional invalidada, afirmó la semana pasada que el regreso de la Guardia Nacional al control de los civiles “nos va a generar muchos problemas” en las labores de combate a la delincuencia en México. El mandatario ha planteado que el manejo del Ejército garantiza que la Guardia Nacional no se corrompa, como asegura que ocurrió con la desaparecida policía federal.
Pese a los cuestionamientos de organizaciones locales e internacionales, el mandatario ha defendido reiteradamente que los militares continúen en labores de seguridad pública para hacer frente a las poderosas organizaciones criminales mexicanas.
Desde que comenzó su sexenio en 2018, López Obrador ha otorgado distintas tareas a las fuerzas armadas, desde el manejo de varios aeropuertos y aduanas, actividades de seguridad pública, reparto de vacunas y el control de una aerolínea, hasta la construcción de obras emblemáticas de su gobierno como un aeropuerto de la capital y un tren turístico en el sur del país.
