La sospecha de la alteración del censo de personas desaparecidas en México se centra principalmente en las acusaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador hacia Karla Quintana, la excomisionada de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB). AMLO descalificó a Karla Quintana y acusó que hubo una alteración en el padrón de desaparecidos, asegurando que su gobierno demostrará que la extitular de la CNB actuó ‘de manera irresponsable’ y ‘de mala fe’.
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Los cuestionamientos sobre la alteración del padrón comenzaron a surgir tras la renuncia de Karla Quintana el 23 de agosto. La renuncia de Quintana encendió alertas en el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, y se señaló que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) podría estar buscando tomar el control del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), lo cual es preocupante ya que se cree que desde esa secretaría se manipulan datos sobre la comisión de delitos. Se sospecha que la instrucción del presidente López Obrador de realizar un censo de personas desaparecidas a través de la Secretaría de Bienestar podría tener la intención de disminuir el número de víctimas.
El inicio de las sospechas
Karla Quintana presentó su renuncia de forma “inmediata e irrevocable”, mencionando los “contextos actuales” como razón sin dar más detalles. La falta de claridad en las razones detrás de la renuncia generó incertidumbre, y se especuló desde un inicio que podría estar relacionada con problemas en el censo de personas desaparecidas. El presidente López Obrador, al ser cuestionado sobre la renuncia, dijo que Quintana “cerró un ciclo”.
En respuesta a las acusaciones y el contexto general, el presidente López Obrador afirmó que se demostrará que no hay 120 mil desaparecidos como se afirma y que muchos de los desaparecidos se han encontrado gracias a un censo realizado casa por casa por su gobierno. Además, criticó a Karla Quintana y a otros exfuncionarios de su equipo, tildándolos de ser parte de una “organización supuestamente independiente, pero de derecha”. AMLO también mencionó que detrás de estos exservidores públicos estaba el senador independiente Emilio Álvarez Icaza, calificándolo de “un derechoso y farsante”.
Por su parte, la oposición y algunos colectivos temen que la renuncia de Quintana y las acciones del gobierno representen un retroceso en la búsqueda y justicia para las víctimas. Hay preocupaciones de que el censo que se está llevando a cabo para dimensionar las personas desaparecidas del país no esté sustentado en una metodología clara y que traslade la responsabilidad a las familias, lo cual ha sido revictimizante en muchos casos. Además, la organización Fundar lamentó la renuncia de Quintana en un contexto de incertidumbre y criticó las decisiones del Ejecutivo para impulsar un censo poco claro que parece buscar reducir las cifras del RNPDNO.
"Como Colectivo Entre Cielo y Tierra @CieloColectivo nos sumamos a este escrito. Muchas gracias por seguir en la lucha con nosotras las familias, y visibilizando las situaciones de violación a DH. Estamos en desacuerdo con este Censo que altera gravemente el RNPDNO". pic.twitter.com/ixXTAH1S7e
— Desaparición de Personas. Comité de Análisis (@ComitedeAnalisi) January 9, 2024
La crisis de desaparecidos
En 2024, México enfrenta una crisis de desaparecidos con cerca de 114 mil personas no localizadas, un aumento de más del 30% en las desapariciones entre 2022 y 2023. El año 2023 marcó un récord con 11,923 desapariciones reportadas, evidenciando una persistente tragedia humanitaria y un patrón de impunidad.
El gobierno, al presentar un nuevo censo, afirmó que de 110,964 reportes, solo 12,377 eran casos confirmados de desaparición, lo que suscitó críticas sobre la metodología y la claridad del proceso de conteo. A pesar de la creación de fiscalías especializadas y comisiones de búsqueda, se señala que las acciones no están coordinadas y aparentan ser más un esfuerzo por reducir las cifras en papel que una verdadera búsqueda de los desaparecidos.
Alerta creciente
Expertos de la ONU y organizaciones de derechos humanos destacan la importancia de abordar la crisis de manera integral, enfocándose en la impunidad y en la necesidad de desmilitarizar la seguridad pública. A pesar de los esfuerzos del gobierno de López Obrador por reconocer y abordar la crisis, persisten deudas pendientes y recomendaciones no abordadas, como el acoso a familiares y colectivos de desaparecidos, que ha empeorado en algunos estados. La crisis representa la existencia de al menos 52 mil cuerpos sin identificar, lo que subraya la magnitud de la tragedia y la urgencia de una acción coordinada y efectiva.
La necesidad de una estrategia articulada a largo plazo es fundamental, ya que la crisis de desapariciones en México se ha arrastrado por más de dos décadas. Se requiere una coordinación efectiva entre instituciones, atención continua y una inversión significativa. A pesar de contar con una Ley General en Materia de Desaparición Forzada, comisiones de búsqueda, fiscalías especializadas, y centros de identificación forense, la falta de una estrategia coherente y la dependencia de los esfuerzos individuales de las familias de las víctimas dejan claro que aún hay mucho por hacer. La comunidad internacional insta a México a implementar las recomendaciones internacionales y atender prioritariamente las demandas de las decenas de miles de familiares y amigos de personas desaparecidas en el país.
