En México, solamente 13 entidades no tienen tipificado en sus leyes el delito de agresiones con ácidos u otras sustancias químicas o corrosivas. Esto impide el acceso de las mujeres sobrevivientes a la justicia, la sanción de los agresores y la reparación del daño ocasionado.
Un estudio titulado “Violencia de género con ácido: Una de las manifestaciones más crueles del machismo en México”, elaborado por el Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado de la República, señala que las entidades donde no está tipificado este delito son: Campeche, Chiapas, Coahuila, Durango, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.
En estos estados, las lesiones producidas con ácido u otras sustancias químicas o corrosivas se consideran simples y se castigan con pocos años de prisión.
En los estados de Aguascalientes, Hidalgo, Estado de México, Nayarit, Sinaloa, Querétaro y Quintana Roo, se considera como un “delito neutro”, sin tomar en cuenta que se trata de un tipo de violencia de género.
En Chihuahua y Colima, las agresiones con ácido u otras sustancias químicas o corrosivas se tipifican como lesiones calificadas, mientras que en Jalisco se tipifica como un delito autónomo las lesiones con ácido, sustancias químicas corrosivas o cáusticas.
En los estados de Baja California Sur, Guerrero, San Luis Potosí, Tlaxcala y Yucatán, las agresiones con ácido, sustancias químicas o corrosivas se consideran como agravante del delito autónomo de “lesiones cometidas contra una mujer en razón de su género”.
Destaca que Oaxaca, Puebla, Baja California y Ciudad de México han tipificado las agresiones con ácido u otra sustancia química o corrosiva como delitos autónomos, bajo la figura de “violencia ácida”, con el impulso de la llamada Ley Malena.
Primer caso de ataque con ácido
La investigación del IBD destaca que el primer caso de ataque con ácido del que se tiene noticia en nuestro país ocurrió el 9 de noviembre de 1988 en la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México. Después de 35 años, aún no hay responsable de esa agresión debido a que las autoridades decidieron dar “carpetazo” a la investigación.
El estudio resalta que hasta la fecha, el número de mujeres y niñas que han sido agredidas con ácido u otras sustancias químicas o corrosivas se desconoce, puesto que no hay registros y cifras oficiales, lo que limita el conocimiento de su naturaleza, magnitud, gravedad y frecuencia que tiene la violencia con ácido en la sociedad mexicana.
Indica que esta falta u omisión de datos estadísticos contraviene la recomendación general No. 35 de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés).
