El Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD), acordado por el Grupo de Puebla en su fundació –y en el que participa el destacado juez español Baltasar Garzón– emitió una declaración pública en la que celebró la decisión del Ministerio Público de Chile de poner fin a la investigación penal contra Marco Enríquez-Ominami, ex diputado y ex candidato presidencial en Chile.
En la declaración, el CLAJUD afirmó que tras siete años de indagatorias no se encontraron pruebas que respaldaran la existencia de delitos imputados a Enríquez-Ominami. Más bien, se denunció una “clamorosa e injusta persecución política” contra él, destacando que la justicia fue instrumentalizada para dañar su carrera política.
El grupo también expresó su preocupación por la actuación de ciertos funcionarios del Ministerio Público que, según ellos, no actúan en favor del servicio público de la Justicia. En este sentido, se instó a determinar responsabilidades por el irregular funcionamiento de la institución.
Por último, el CLAJUD rechazó de manera contundente las prácticas de “lawfare” utilizadas contra líderes progresistas en la región, citando el caso del expresidente Lula y otros líderes, con el fin de neutralizar su actividad política en favor de la consolidación del sistema democrático en Latinoamérica.
