Por casi una década el patrimonio de varios empresarios mexicanos se mantiene retenido por el caso de la Banca Privada de Andorra (BPA), afectación calculada en una cifra por arriba de los 800 millones de euros.
“Andorra está cometiendo racismo y discriminación, nos involucran en narcotráfico y lavado de activos, solo por ser mexicanos, no respetan nuestros derechos y sin ninguna prueba o sustento por casi una década han mantenido nuestro patrimonio ilegalmente aprehendido, eso se llama robo y fraude”, destacó la parte legal del grupo de inversionistas mexicanos.
Desde hace 9 años, las juezas María Angels Moreno y Stephanie García García, así como el ex fiscal Alfons Alberca actualmente Magistrado del tribunal de Corte del principado de Andorra, actuaron en el despojo que afectó a más de una decena de empresarios mexicanos, congelando sus cuentas que permanecían en la Banca Privada de Andorra (BPA) bajo la falsa acusación de cometer actos ilícitos que no fueron comprobados.
“Todo el procedimiento iniciado en marzo del 2015 ha sido un despropósito, pues desde su inicio se consideró a todos los clientes del banco eran sospechosos, e invirtiendo la carga de la prueba y vulnerando el derecho fundamental a la presunción de inocencia, se forzó a todos sus cuentahabientes a probar la licitud del origen del dinero, exigiendo justificaciones en movimientos e ingresos de 10, 20 o 30 años atrás, cosa que para muchos casos fue imposible”, destacó el especialista y abogado en derecho penal andorrano Antoni Riestra.
Se ha agotado las líneas de investigación
Diferentes pruebas de inocencia se han ido presentando desde casi ya una década, mismas que son ignoradas por las autoridades de Andorra.
El pasado 11 de marzo de 2015, el Gobierno de Andorra intervino a la Banca Privada de Andorra, ante la denuncia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos señalando que dicha institución financiera llevó a cabo labores de blanqueo de capitales, situación que terminó afectando el patrimonio lícito de cientos de empresarios e inversionistas.
Salvador Padilla Estrada, abogado de uno de los empresarios afectados, señaló que, todas las líneas de investigación están superados en favor de los mexicanos que representa, quienes son víctima de una condena propia de su nacionalidad, por lo que se iniciaron acciones legales en contra de las autoridades de Andorra quienes están fabricando pruebas materiales, para robar dinero lícito.
Ante estos hechos y la impunidad con la que se ha atendido el caso por las autoridades de Andorra, trascendió que la Fiscalía General de la República de México (FGR), iniciará una investigación, sobre la actuación de las juezas mencionadas y el fiscal de Andorra, quienes mantienen el caso en la opacidad.
