El Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDMX) admitió la demanda interpuesta por habitantes de Tlalpan y Xochimilco debido a la suplantación de identidad originaria por parte de la diputada del PAN, Daniela Gicela Álvarez Camacho, por el distrito 19 en la CDMX.
El juicio, con número de expediente TECDMX-JEL-160/2024 bajo al acción afirmativa para pueblos y barrios originarios, pues a decir de las partes demandantes, dicha persona es inelegible por no ser integrante originaria de un pueblo y/o barrio originario de Tlalpan o Xochimilco.
La de dununcia se originó a partir de una solicitud de acceso a la información realizada por el Frente por la Defensa de los Derechos de los Puebloes y Barrio de Anáhuac (FDDPBOCA). A diferencia de otros candidatos que se identificaron como originarios, Gicela Álvarez no posee un documento emitido por alguna autoridad tradicional que la reconozca como miembro de algún pueblo.
Álvarez Camacho solamente cuenta con una carta emitida por una autoridad cuyo mandato ya concluyó, en la que se menciona que realizó “gestiones” para el pueblo de Chimalcoyoc, pero sin reconocerla como integrante.
Además, en la información proporcionada por la candidata al Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), se identifica como parte del pueblo de San Pedro Mártir, distinto al pueblo mencionado en la carta.
No cumple con los requisitos
Según el Frente del Anáhuac, la panista no cumple con los requisitos para autoadscribirse como originaria, al no demostrar un vínculo válido con la comunidad que afirma representar. Ante esto, al haber obtenido Álvarez Camacho la constancia de mayoría, los pobladores decidieron presentar un juicio.
“Manifestamos que la diputada Gicela Álvarez únicamente utilizó la identidad originaria para obtener un beneficio personal y de forma oportunista busca acceder a un cargo”, denuncian los vecinos de Tlalpan y Xochimilco.
Por ello, exhortan a la población originaria a estar atentos a estas acciones afirmativas, que más allá de brindar herramientas para los originarios, permiten a los partidos políticos utilizar estas situaciones en beneficio propio.
“Bajo el pretexto de tener integrantes de nuestras comunidades, los partidos políticos niegan los daños que pretenden ocasionar y/o causan con sus acciones desde los distintos niveles de gobierno y poderes del Estado, aprovechando para vulnerar los procesos de defensa de los derechos colectivos, el territorio, el agua y la autonomía”, añaden.
