El Grupo Parlamentario del PAN en la Ciudad de México trabaja en una legislación para imponer un máximo de 15 años de prisión a personas, mafias o empresas que publiciten ofertas de trabajo falsas en el extranjero o que, en su caso, exploten laboralmente a ciudadanos mexicanos que, por necesidad o ilusión, caen en el engaño.
“Hemos recibido comunicación por parte de la comunidad chilanga en España sobre ofertas laborales falsas, principalmente y recientemente por el festival ‘Malinche’, donde diversos bailarines han denunciado que se les llevó con visa de turista en lugar de la laboral como debería ser”, explicó Raúl Torres, diputado del PAN.
Tras darse a conocer la estafa a los bailarines del musical “Malinche”, con la supuesta beca pagada en efectivo, se descubrió que fueron llevados como turistas y recibieron un sueldo mínimo, muy por debajo del salario oficial en España.
¿Qué busca la reforma al Código Penal?
Raúl Torres, quien encabeza la Diputación Migrante CDMX, dijo que con una ley de este tipo, que modifica el Código Penal, se busca atacar las ofertas laborales falsas en el extranjero.
“Esta reforma marca una pena de entre seis y 15 años de prisión para quienes ofrezcan propuestas laborales falsas en el extranjero y lleven a ciudadanos mexicanos con mentiras a cualquier otra parte del mundo. Lo hemos visto en Canadá, Estados Unidos y ahora en España, siendo estos tres países los que presentan más casos de ofertas laborales falsas”, señaló en entrevista con medios de comunicación.
El panista explicó que, para la Tercera Legislatura del Congreso local, se impulsará esta reforma al Código Penal y se votará a favor de una modificación que realmente lleve a la cárcel a quienes ofrezcan propuestas laborales falsas en el extranjero.
“Necesitamos regularizar la migración y que las personas no lleguen como turistas bajo falsas promesas para trabajar, ni becas pagadas en efectivo como en España, con dinero negro o por fuera del sistema legal en cualquiera de esos países”.
El diputado migrante mencionó que se debe combatir desde el inicio a la delincuencia o a terceros que realizan explotación laboral y proteger a quienes buscan salir del país para trabajar, asegurando que estén cubiertos por la ley.
