Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dio a conocer que la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) recibió un total de 502 millones 588 mil 208 pesos en donaciones extranjeras entre 2016 y 2023 a través de la Embajada de Estados Unidos y otras entidades internacionales.
De acuerdo con el reporte, MCCI recibió financiamiento de la Embajada de Estados Unidos y de una organización de Reino Unido, la cual es financiada por políticos republicanos del Congreso estadounidense.
Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que enviará una carta al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y que la Secretaría de Relaciones Exteriores emitirá una nota diplomática en relación con el financiamiento recibido por MCCI.
En ese sentido, López Obrador consideró que la aportación de fondos por parte de la Embajada de Estados Unidos constituye una “injerencia abiertamente” en los asuntos internos de México.
MCCI no se alinea a intereses extranjeros ni afecta la soberanía nacional
Ante estas declaraciones, MCCI emitió un comunicado en el que defiende su transparencia y legalidad; cuestiona la divulgación de su información fiscal, argumentando que esto viola el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, que exige confidencialidad en los datos suministrados por los contribuyentes.
Asimismo, aseguró que cumple con todas las obligaciones fiscales y que sus finanzas son transparentes, destacando que nunca ha recibido observaciones de las autoridades fiscales.
Por otro lado, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad refutó las acusaciones de que sus actividades se alinean con intereses extranjeros o que afectan la soberanía nacional y reiteró que su financiamiento ha sido utilizado exclusivamente para sus actividades de investigación y divulgación.
Finalmente, la organización rechazó las acusaciones de que Claudio X. González, quien dejó la organización en junio de 2020, aún tenga algún papel en la misma. Aseguraron que las críticas del presidente y la divulgación de su información financiera buscan limitar la labor de la sociedad civil y de las organizaciones de investigación independientes.
