El Tribunal Supremo de Brasil ordenó la suspensión “inmediata y completa” de la plataforma de redes sociales X, anteriormente conocida como Twitter, en todo el país. La decisión del tribunal se produce después de una prolongada disputa entre el juez Alexandre de Moraes y la empresa, liderada por el multimillonario Elon Musk.
La orden del juez Moraes estipula que la plataforma estará bloqueada en Brasil hasta que X nombre un nuevo representante legal en el país y cumpla con todas las órdenes judiciales pendientes. La empresa tiene un plazo de 24 horas para cumplir con la demanda, y se espera que la plataforma sea inaccesible en Brasil en ese lapso.
Alexandre de Moraes, quien ha ocupado su puesto en el Tribunal Supremo desde 2017, se ha destacado por su firme postura contra la desinformación y el discurso de odio. Moraes se convirtió en figura central en 2019 cuando comenzó a liderar una investigación sobre la difusión de noticias falsas durante el gobierno del expresidente Jair Bolsonaro. Esta investigación reveló un “gabinete del odio” operando desde el palacio presidencial, dedicado a atacar opositores y difundir mentiras.
Moraes también ha supervisado investigaciones relacionadas con una supuesta conspiración para llevar a cabo un golpe militar y el aliento de Bolsonaro a sus seguidores para invadir y vandalizar edificios gubernamentales después de perder las elecciones de 2022 ante el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Bajo su liderazgo, la autoridad electoral brasileña declaró a Bolsonaro inelegible para ocupar cargos públicos durante ocho años, un hecho sin precedentes en la historia del país.
The oppressive regime in Brazil is so afraid of the people learning the truth that they will bankrupt anyone who tries https://t.co/VgYPRJMXJv
— Elon Musk (@elonmusk) August 30, 2024
Analogía con el supervillano de Harry Potter
A pesar de las críticas que ha recibido, que lo acusan de utilizar métodos autoritarios, como allanamientos de viviendas y bloqueos de cuentas bancarias sin juicio, Moraes es visto por algunos como un defensor de la democracia que enfrenta la creciente amenaza de la desinformación en las redes sociales. Elon Musk, por su parte, ha comparado a Moraes con el villano de Harry Potter, Voldemort, y lo ha llamado “dictador” y “criminal de la peor especie”.
El conflicto entre Moraes y Musk comenzó cuando el juez ordenó la eliminación de cuentas que consideraba violadoras de las leyes brasileñas. Musk desafió esta decisión y amenazó con reactivar las cuentas bloqueadas, lo que llevó a Moraes a iniciar una investigación por obstrucción de la justicia contra el multimillonario. A principios de este mes, X cerró sus oficinas en Brasil, aunque mantuvo el acceso al sitio para los usuarios brasileños.
En respuesta a la falta de cumplimiento por parte de X, Moraes bloqueó esta semana las cuentas bancarias locales de Starlink, la firma de internet satelital de Musk, con el fin de asegurar el pago de las multas impuestas. Además, Moraes advirtió que el uso de redes privadas virtuales (VPN) para acceder a X en Brasil podría resultar en sanciones, aunque los detalles precisos sobre estas sanciones aún no han sido confirmados.
¿Cuántos usuarios serían afectados?
Este cierre afecta a aproximadamente 40 millones de usuarios en Brasil, que representan alrededor del 20% de la población del país, según datos de la firma de investigación de mercado eMarketer. La prohibición de la plataforma representa un golpe significativo para X, que ha enfrentado dificultades para mantener a sus anunciantes desde que Musk adquirió la red social en 2022.
La situación actual ha generado un debate sobre los límites de la regulación de las redes sociales y la libertad de expresión. Mientras algunos brasileños apoyan la medida de Moraes, argumentando que Musk debe adherirse a las leyes locales, otros cuestionan si el juez ha sobrepasado sus atribuciones al imponer tales sanciones.
Hasta que X cumpla con los requisitos judiciales, la plataforma permanecerá bloqueada en Brasil, y las tiendas de aplicaciones han recibido instrucciones para retirar la aplicación en un plazo de cinco días. Este caso subraya las crecientes tensiones entre la regulación gubernamental y las operaciones globales de las plataformas de redes sociales, y plantea interrogantes sobre el futuro de la libertad de expresión en el ámbito digital.
