Colectivas, asociaciones civiles de Morelos y nacionales, activistas, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHM) y la presidenta del Instituto de las Mujeres para el Estado de Morelos, Isela Chávez Cardoso, presentaron por tercera ocasión una iniciativa al Congreso estatal para la despenalización del aborto.
La CDHM afirmó que con la “Iniciativa con carácter de decreto por el que se reforma el Código Penal para el Estado de Morelos y la Ley de Salud del Estado de Morelos, con la finalidad de garantizar la interrupción voluntaria del embarazo” se garantiza el derecho de niñas, adolescentes, mujeres y personas gestantes a decidir sobre su vida y su cuerpo.
Argumentaron que cuando se criminaliza el aborto se expone la vida y salud de las mujeres, solo con el propósito de preservar su función como agentes reproductores y privarlas de autonomía de decidir sobre su propio cuerpo.
“Se penalizan ciertos procedimientos médicos que sólo se aplican a las mujeres, lo que les impide acceder a servicios de salud en igualdad de condiciones. Se discrimina a las mujeres y personas gestantes precarizadas, quienes con mayor frecuencia se han visto necesitadas a practicarse clandestinamente un aborto en condiciones sépticas inferiores, a diferencia de las de ingresos superiores que pueden costear un servicio igualmente clandestino, pero de mejor calidad sanitaria y técnica”, destacó Derechos Humanos.
Acción de inconstitucionalidad
Por lo que es necesario la despenalización del aborto en Morelos, ya que es acorde con la protección del derecho a la salud y obligación del Estado para proveer los medios necesarios para quienes decidan terminar con su embarazo lo puedan hacer bajo condiciones adecuadas, seguras y dignas”.
Además de esto, CDHM destacó que la iniciativa se basa en la acción de inconstitucionalidad 148/2017 y del amparo en revisión 267/20231 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como en estándares internacionales.
La iniciativa que se presentó por tercera vez contempla:
- Se elimina la criminalización de las mujeres y personas gestantes que decidan voluntariamente realizarse un aborto
- Se reconoce como delito el aborto forzado
- Se eliminan las causales del aborto, a excepción del riesgo de vida o de salud de la mujer y persona gestante
- Se reconoce la obligación del Estado de proporcionar, de forma gratuita, segura y bajo estándares internacionales, interrupciones voluntarias del embarazo
- Se establecen 13 semanas como límite gestacional para la atención sanitaria de la interrupción voluntaria del embarazo
- Se establecen dos días naturales para que los servicios de salud pública realicen la interrupción voluntaria del embarazo a partir de su solicitud
- Se definen dos días naturales para que el Ministerio Público, el DIF estatal y los DIF municipales, emitan la autorización cuando la solicitante sea menor de 12 años y no cuente con la autorización de su padre, madre, tutor o representante legal
- Se reconoce la objeción de conciencia del personal médico, pero también la obligación de los servicios de salud públicos para garantizar que siempre haya personal no objetor de conciencia
- Obligación de proporcionar información y servicios en materia de salud sexual, reproductiva y de planificación familiar de forma integral en las instituciones públicas de salud
“Comprometidos con los derechos humanos de las niñas, adolescentes, mujeres y personas gestantes, agradecidos con las colectivas, asociaciones civiles, activistas y feministas que han participado en la elaboración de esta iniciativa y que han hecho de esta lucha una convicción personal y política, entregamos dicha iniciativa al Congreso con la firme convicción de que será ley”.
