Bandas del crimen organizado están obligando a propietarios de tienditas y misceláneas en estados del norte del país, como Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, a vender cigarros de contrabando, denunció el Consejo para el Desarrollo del Comercio en Pequeño y la Empresa Familiar (ConComercioPequeño SC).
Según Gerardo López Becerra, presidente de la organización, este problema ha crecido de manera alarmante, con marcas como Denver, Magnate, Manchester, Marbel y Pitbull proliferando en los anaqueles de pequeños comercios.

El fenómeno no solo afecta la salud pública, sino también la economía nacional. Estos productos ilegales se venden a precios irrisorios, entre $20 y $37 por cajetilla, en comparación con los $86 pesos que cuesta una cajetilla legal, lo que facilita el acceso de menores de edad a este tipo de productos peligrosos.
“Nueve de cada diez comercios en esta región están siendo presionados por criminales para vender cigarros ilegales, bajo amenaza a su integridad o su patrimonio”
— Gerardo López

Impacto fiscal y económico
El presidente de ConComercioPequeño SC subrayó que el impacto económico es devastador. Según un estudio de Oxford Economics, el gobierno mexicano deja de recaudar anualmente 13 mil 500 millones de pesos debido a la venta de cigarros ilegales, recursos que podrían destinarse a servicios públicos esenciales.
Además, López Becerra alertó sobre las sanciones económicas y penales que enfrentan los comerciantes que acceden a vender este tipo de productos.
“Las consecuencias van desde multas, decomisos de mercancía y clausura definitiva del negocio, hasta penas de cárcel. Por ello, estamos lanzando una campaña de concientización en el noroeste del país para que los comerciantes conozcan los riesgos y se protejan”.

Llamado a denunciar
La organización dio a conocer que comenzó una campaña en los estados del noroeste del país, con materiales impresos para informar a los comerciantes sobre las sanciones y exhortarlos a denunciar casos de abuso o extorsión ante las autoridades.
Este fenómeno pone de relieve la urgente necesidad de reforzar las medidas de seguridad y regulación en el comercio para frenar el avance del contrabando y proteger tanto a los empresarios como a los consumidores en el país.
“Es fundamental que los pequeños comercios se mantengan informados y actúen de manera responsable, tanto para proteger sus negocios como la salud de sus clientes”, concluyó López Becerra.