Alfredo Ramírez Bedolla, actual gobernador de Michoacán, ofreció una conferencia de prensa para informar sobre lo que su administración denomina “el sello de la corrupción silvanista”, en relación con las acusaciones contra su antecesor, Silvano Aureoles, proporcionando nuevos detalles sobre el caso.
Silvano Aureoles evade su captura tras acusaciones de corrupción
El lunes 3 de marzo, Ramírez Bedolla presentó la conferencia, titulada en el canal de YouTube del Gobierno de Michoacán como “Apoyos y programas para las michoacanas y sobre los cuarteles: el sello de la corrupción silvanista”.
El gobernador aseguró que existe una orden de aprehensión emitida por una jueza federal en contra de Silvano Aureoles, quien se encuentra prófugo de la justicia y está evadiendo su captura tras ser acusado de corrupción.
“En este momento, las autoridades continúan con las pesquisas para dar con el paradero del exgobernador y cumplir con la orden de aprehensión emitida por una jueza en la Ciudad de México, por los delitos que ya fueron expuestos con claridad por la contralora del estado”, afirmó Alfredo Ramírez Bedolla el lunes 3 de marzo en conferencia de prensa.
“La situación jurídica en este momento es de prófugo; está prófugo de la justicia. Sí tenemos información por parte de la FGR que indica que está huyendo. La FGR está llevando a cabo la investigación y la cumplimentación de la orden en varias partes del país, incluyendo Michoacán y otros estados de la República. No se puede brindar más información, pero lo que sí es certero, lo que sí es claro, es que hay una orden de aprehensión por varios delitos”, afirmó Ramírez Bedolla.
¿De qué se le acusa a Silvano Aureoles?
Por su parte, Azucena Marín Correa, secretaria de la Contraloría del Gobierno de Michoacán, detalló que el exgobernador Silvano Aureoles y sus cómplices adquirieron, a sobreprecio, al menos siete cuarteles de policía, los cuales previamente habían sido arrendados a precios bajos.
El gobierno estatal destinó cinco mil millones de pesos para la compra de estos cuarteles, de los cuales más de tres mil millones de pesos provienen de fondos de origen irregular. Las contrataciones se realizaron directamente con la inmobiliaria DyF S.A. de C.V. en 2016 y 2017.
Marín Correa aseguró que se detectaron otras actividades irregulares, como proyectos ejecutivos inexistentes, convenios modificados de mantenimiento sin evidencia de los servicios, y que la empresa no comprobó la propiedad de los terrenos.
Descubren corrupción de Silvano Aureoles en 2021
Se reveló que, dos días antes de que Silvano Aureoles concluyera su administración, en septiembre de 2021, se realizaron las dispersiones de los pagos a la empresa. En noviembre de ese mismo año, la Secretaría de la Contraloría del gobierno de Ramírez Bedolla inició una auditoría a los cuarteles, que contaban con espacios lujosos y blindados, en contraste con otras instalaciones de la policía.
Ante esta situación, la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Michoacán (SECOEM) inició el proceso judicial en febrero de 2022, presentando una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR). También se establecieron mesas de trabajo para investigar con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y otras fiscalías especializadas.
Para junio de 2023, Marín Correa afirmó que se habían acumulado diversas carpetas de investigación por parte de las fiscalías especializadas, y la Auditoría Superior de la Federación presentó una denuncia por un daño de 1 mil 52 millones 222 mil pesos.
En 2024, la UIF reveló los resultados de la investigación de la FGR, en la que al menos 31 servidores públicos fueron presentados en calidad de testigos. Se aseguraron los siete cuarteles, y la SECOEM logró la reparación del daño al Gobierno de Michoacán con una cantidad de 970 millones 976 mil pesos.
Órdenes de aprehensión y detenciones en el caso de Silvano Aureoles hasta 2025
Fue hasta febrero de 2025 cuando la FGR judicializó la carpeta de investigación por los delitos de peculado, administración fraudulenta, operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.
Como resultado, una jueza federal giró órdenes de aprehensión en contra de varios servidores públicos involucrados en el caso, entre ellos Silvano Aureoles. Las autoridades ya han detenido a Carlos N., exsecretario de Finanzas; Antonio N., exsecretario de Seguridad; Elizabeth N., exdelegada Administrativa de la SSP, y Mario N., exdelegado Administrativo de la SSP.
