La política de drogas en México y en la Ciudad de México está dominada por un enfoque prohibicionista, punitivo y militarizado que ha demostrado ser ineficaz para disminuir el consumo problemático, ha generado violencia, estigmatización y violaciones de derechos humanos, razón por la que el coordinador de la Bancada Naranja, Royfid Torres presentó una iniciativa que propone cambios a la Ley de salud de la Ciudad de México para reducir riesgos y definir el consentimiento informado de una persona por escrito para la realización de diagnósticos o tratamientos.
Royfid Torres mencionó que datos recientes muestran que en la CDMX los principales consumos problemáticos no están relacionados con cannabis, sino con alcohol, cocaína e inhalables, especialmente entre las personas jóvenes; sin embargo, desde hace cinco años no se cuenta con información actualizada ni con programas específicos de reducción de daños.
Las modificaciones buscan integrar de manera explícita el enfoque de reducción de riesgos y daños en las políticas públicas relacionadas con el consumo de sustancias psicoactivas, así como definir el consentimiento informado de conformidad expresa de una persona, manifestada por escrito, para la realización de un diagnóstico o tratamiento de salud o directamente de adicciones.
¿Qué busca la iniciativa?
- Evitar infecciones, sobredosis o muertes
- Darles información clara sobre los riesgos reales
- Ofrecer atención médica, psicológica y apoyo si lo necesitan
- Acompañarlos si un día deciden dejar de consumir, pero sin obligarlos ni criminalizarlos
Activación Pro Cannabis
En posterior activación a las afueras del Congreso CDMX, el diputado sostuvo que la iniciativa presentada tiene relevancia por dos motivos: primero, reconocer la existencia de las sustancias psicoactivas y la existencia de personas usuarias, pero también generar esquemas de derechos, como el consentimiento de las personas en alguna atención o tratamiento y no sea llevado de manera arbitraria.
A la activación acudieron integrantes del Movimiento Chilango y activistas pro cannabis, como Jimena Navarro, quien destacó la acción legislativa en busca de una transición a la regulación de nivel nacional y local. “Esto no es un paso pequeño, porque pensamos que nadie merece morir por consumir ninguna sustancia y ser tratado con dignidad. Siempre nos han tratado como ciudadanos de segunda clase, como un problema que se tiene que enterrar y no volvernos a ver, pero nosotros también somos parte de esta ciudad y buscamos nuestro derecho”, añadió la joven.
