El Fondo Bancario de Protección al Ahorro, mejor conocido como Fobaproa, es uno de los episodios más controvertidos en la historia económica reciente de México. Creado en 1990 durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, su propósito inicial era servir como un fondo de emergencia para rescatar a los bancos en caso de una crisis financiera. Sin embargo, con el paso del tiempo, se convirtió en sinónimo de corrupción, impunidad y transferencia de deuda privada a manos del Estado.
El diseño del Fobaproa planteaba que, en caso de una emergencia financiera, el gobierno intervendría comprando las deudas de los bancos y otorgándoles capital para evitar su colapso. Aunque fue creado cinco años antes, el fondo no se activó sino hasta 1995, durante la presidencia de Ernesto Zedillo, quien sucedió a Salinas tras una serie de eventos marcados por la inestabilidad política y económica, incluida la crisis del peso de diciembre de 1994.
La crisis financiera fue severa y el gobierno recurrió al Fobaproa para rescatar al sistema bancario, absorbiendo una deuda de 552 mil 300 millones de pesos. Este rescate consistió en convertir en deuda pública lo que originalmente era deuda privada, es decir, que los contribuyentes comenzaron a pagar, y siguen pagando, los pasivos de instituciones bancarias privadas.
Rescate polémico
La medida fue duramente criticada por diversos sectores sociales y políticos, al considerarse un rescate encubierto a grandes empresarios y banqueros que se beneficiaron del sistema. Las críticas se centraron en que muchas de las deudas absorbidas por el Fobaproa eran incobrables, fraudulentas o poco justificadas. Lo más grave fue que estos recursos públicos no se destinaron a sectores clave como salud, educación o infraestructura, sino a cubrir los compromisos financieros de instituciones privadas.
El Fobaproa es una decisión económica y política que ha impactado generaciones. Aunque fue presentado como una solución necesaria para evitar una catástrofe financiera, su ejecución ha sido fuertemente cuestionada. A 30 años de lo ocurrido, los mexicanos siguen pagando intereses por una deuda que no contrajeron directamente.
