La jueza federal Claudia Jiménez Teutli desató un intenso debate público y en redes sociales tras su decisión de archivar el proceso contra Héctor Tenorio Rodríguez, acusado de abuso sexual en perjuicio de su propio hijo, un menor de seis años con discapacidad neuromotora.
El fallo, dictado en Ciudad de México, argumentó que la declaración del menor carecía de validez técnica al no haber sido videograbada, pese al contundente dictamen forense que confirmó lesiones anales compatibles con penetración y los testimonios del niño, quien detalló hasta ochenta agresiones desde que tenía cinco meses de edad.
Evidencias de abuso reiterado
El contexto del caso se remonta a abril de 2023, cuando Dioselina Zavala González recibió la impactante confesión de su nieto, quien explicó que su padre lo agredía empleando objetos como una “inyección amarilla” y un “martillo”. El peritaje de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México documentó “borramiento de pliegues anales y tono disminuido del esfínter”, hallazgos que coinciden con abuso reiterado. El menor también relató que su madre, Beatriz Morales, estaba al tanto de los hechos pero no lo protegió.
A pesar de estas evidencias, la jueza Jiménez Teutli consideró que la ausencia de videograbación de la declaración del niño invalidaba la fuente de prueba, por encima de los informes de la antropóloga Paola Alcalá, experta que avaló el maltrato físico y sicoemocional sufrido. Como resultado, el expediente fue cerrado y el DIF entregó la custodia del menor a la tía paterna, situación que la familia materna denuncia pone en riesgo continuo al niño, ya que el agresor conserva acceso al niño.
En tanto, Dioselina Zavala enfrenta ahora una contrademanda por “sustracción de menores” promovida por el agresor, mientras exige modificaciones legales que garanticen la protección inmediata de víctimas infantiles. Su caso se ha convertido en emblema de la lucha contra la negligencia institucional y de la exigencia de transparencia y rendición de cuentas en el sistema judicial.
