Una nueva ley que permitirá juzgar a jóvenes, a partir de los 16 años, como adultos, está en el foco de la crítica, no solo a nivel internacional, sino también en el ámbito judicial peruano.Hay serias dudas en cuanto a que sea aplicable. Y mayor es aún el escepticismo en cuanto a que tenga impacto alguno en la lucha contra la violencia delictual que agobia a Perú. La ley 32330, promulgada por el Gobierno de Dina Boluarte este 10 de mayo, reduce la edad de responsabilidad penal, permitiendo que jóvenes de 16 a 18 años puedan ser juzgados como adultos en casos de delitos graves, como asesinato, extorsión y violación sexual, entre otros. Y le llueven las críticas.
Varios organismos de la ONU, comenzando por la Unicef, pidieron ya su derogación, indicando que contraviene la Convención sobre del Derechos del Niño, de la que Perú es signatario.
También el Poder Judicial arremetió contra la nueva ley, haciendo notar que contraviene el artículo 4 de la Constitución peruana, referido a la protección especial para niños y adolescentes, así como otra disposición que establece que los derechos fundamentales han de interpretarse en conformidad con los tratados internacionales. Más aún: advirtió que los jueces pueden declarar inaplicable una ley en casos específicos, si estiman que vulnera esos preceptos constitucionales.
"El Congreso y la presidenta de la república promulgaron esta norma a sabiendas de que iban en contra de tratados internacionales, pero no les importó en lo absoluto", indicó a DW Juan José Quispe, abogado penalista del Instituto de Defensa Legal (IDL) de Perú.
Quispe afirma que, desde el inicio, el IDL advirtió de la inconstitucionalidad de esa ley y subraya que esta "traería como consecuencia que jóvenes de 16 a 18 años vayan a un establecimiento penal para adultos". Y eso redundaría en que no haya una resocialización del adolescente, sino que se forje "un potencial criminal que va a salir después de algunos años".
Porcentaje reducido de jóvenes
Pedro Yaranga, especialista en seguridad integral, coincide en que la nueva ley colisiona con la Constitución, y reprocha: "Técnicamente, es probable que la norma no sea aplicable, porque no se ha hecho un estudio acorde a las reglas jurídicas del país y también a nivel de los convenios internacionales". Sin embargo, considera necesario "controlar el avance de la criminalidad, sobre todo el uso de los menores de edad, principalmente los niños de la calle, para actos de sicariato y otros".
En este sentido, indica a DW que "desde hace años, todas las bandas, incluidas algunas organizaciones transnacionales, lo que están haciendo es captar a jóvenes para utilizarlos como sicarios... Esto empezó en la ciudad de Trujillo, y desde allí se está expandiendo a todo el país, pero especialmente entre Lima y Callao".
En eso se basan los promotores de la nueva ley. Sin embargo, Christian Campos Vásquez, investigador asociado del Instituto de Criminología de Perú, subraya que este no es un aspecto central en términos de proporciones.
"Tomamos el dato de Unicef que señala que menos del 2 por ciento de los casos registrados de estos delitos en el país son cometidos por menores de edad. Se trata de un porcentaje muy reducido y poco relevante en el marco del problema de seguridad ciudadana", dice a DW. Y lamenta la ausencia de un norte claro para las políticas de seguridad, que se centran en aumentar el catálogo de sanciones y su severidad.
"Son medidas que no buscan realmente resolver el problema sino calmar a una población. Hacerla sentir más segura y que el Estado está haciendo cosas. Claro, estas cosas no han demostrado eficacia en ningún lugar. Más bien producen todo lo contrario", afirma.
"La ley 32330 que impone condenas de adultos a menores de edad, además de violentar la capacidad del Estado por rehabilitar a adolescentes que han caído en la delincuencia, no ataca las causas de fondo que explican el aumento de esta modalidad criminal", subraya por su parte el historiador Daniel Aurelio Parodi, docente universitario y analista.
A su juicio, "esta ley terminaría siendo más bien un gesto político para dar una apariencia de firmeza, ante una criminalidad desbordada en el país, que se cobra entre 5 y 6 víctimas diarias".
"Medida populista"
También para el penalista Quispe se trata "una medida populista, una medida distractoria". Y recuerda que "la última encuesta indica que la presidenta de la república tiene el 2 por ciento de aprobación. Esto se debe a que, en nuestro país, el Ministerio del Interior, junto con el Ministerio de Defensa y la propia presidenta Dina Boluarte han fracasado en su lucha contra la criminalidad organizada".
Para el consultor de seguridad Pedro Yaranga, "ni siquiera es una medida política. Esta es una actuación mediática, para dar la señal de que están legislando bien, cuando en la práctica no es así". A su juicio, "lo que haría falta es tener una policía con un trabajo sostenido de inteligencia. El problema que existe en el Perú es que no hay una articulación, una relación adecuada entre el trabajo de la policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial", dice.
Quispe, del Instituto de Defensa Legal, va más allá y habla de un abierto enfrentamiento del poder ejecutivo y los congresistas con el Ministerio Público. "Todos los actores mencionados, de la Presidencia de la República, de los ministros, y una gran cantidad de congresistas, que pasan del 40 por ciento, están siendo investigados por corrupción, lavado de activos, por el Ministerio Público. Entonces, lo que a ellos les conviene es decir 'nosotros queremos hacer bien las cosas, sabemos que hay menores que están matando, pero la Fiscalía y el Poder judicial que no quieren ejecutar la ley'".
Christian Campos, del Instituto de Criminología de Perú, asegura que "el problema de seguridad no se resuelve con cárcel, no se resuelve con policías. Se trata más bien de la última medida, la ultima ratio, después de una larga cadena de políticas públicas que ha fallado. Políticas de trabajo, políticas educativas, políticas culturales e incluso de salud". Considera que el Gobierno está ante un tema al que no sabe cómo aproximarse "y lo único que les queda es hacer como que gobiernan. Están performando una gobernanza de seguridad".
El historiador Parodi ve con ojos críticos la gestión de la presidenta Boluarte en la materia. "La característica principal de su Gobierno ha sido la incapacidad, no solo para detener la delincuencia común, las bandas criminales. También la semana pasada tuvimos 13 muertos debido a la minería ilegal. Entonces, hay una sensación de absoluto descontrol de los grandes problemas nacionales, comenzando por la seguridad, por parte del Gobierno. Y yo no veo que haya una voluntad de cambio o de revertir esta situación".
(rml)
