La diputada de Morena, Valentina Batres presentó una propuesta de reforma a la Ley de Vivienda de la Ciudad de México, con el objetivo de establecer un nuevo modelo de política habitacional basado en el derecho humano a la vivienda, que consideraría este derecho como un mandato vinculante.
Una de las principales propuestas de la iniciativa es la creación de un Banco de Suelo, que se encargaría de identificar, adquirir, gestionar y reservar terrenos urbanos o urbanizables con vocación habitacional.
Este banco, según Batres, estaría orientado principalmente a la producción pública de vivienda, vivienda en renta asequible y proyectos de interés social, con el fin de evitar la especulación inmobiliaria y garantizar una distribución equitativa de los recursos territoriales.
Banco de suelo
La reforma, que se enmarca dentro del proyecto de vivienda impulsado por el gobierno federal y replicado a nivel local, también establece la obligación de fortalecer la producción pública de vivienda, así como la creación de un parque habitacional en arrendamiento asequible.
La diputada destacó la importancia de financiar este tipo de proyectos a través de un esquema multianual, promoviendo criterios de equidad territorial.
Además, la iniciativa plantea garantizar la aplicación de mecanismos para la captura de plusvalías con el objetivo de reinvertir esos recursos en infraestructura habitacional, equipamiento urbano y servicios públicos, en beneficio de las comunidades populares.
Se prevé también un enfoque de planeación democrática del territorio, que incluiría mecanismos de participación ciudadana vinculante en la toma de decisiones sobre el uso de suelo, programas habitacionales y la definición de las zonas prioritarias para el desarrollo.
Parques públicos
En paralelo, la reforma propone la creación de un parque público de vivienda en arrendamiento, con un enfoque inclusivo y sustentable. Esta propuesta tiene como fin garantizar el acceso a vivienda asequible a largo plazo para los sectores más vulnerables de la población, con proyectos que sean gestionados directamente por el gobierno de la Ciudad de México.
“Esto implica recuperar y fortalecer la capacidad del Estado para planear, producir, regular y garantizar vivienda adecuada con criterios de inclusión social, justicia distributiva, sostenibilidad territorial y participación democrática”, señaló Batres, quien agregó que este modelo pretende convertir la producción pública de vivienda en un eje central de la política social urbana.
