La inteligencia artificial (IA) es una herramienta poderosa para fortalecer la administración de justicia, siempre que exista un uso responsable, transparente y respaldado por un marco normativo claro, consideró el magistrado electoral Felipe Fuentes Barrera.
Al participar en el taller “Inteligencia artificial para actores electorales”, en la ciudad de Panamá, y en representación de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Fuentes Barrera habló del uso de la IA en las tareas de la autoridad jurisdiccional.
Ante representantes de organismos electorales y de la sociedad civil de América Latina, convocados por el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional) para debatir el uso de la IA en la gestión electoral, el magistrado presentó a “Alfonsina”, la asistente virtual del TEPJF.
Dijo que, como parte de la transformación tecnológica, “Alfonsina” es una herramienta basada en IA que permite a la ciudadanía consultar de forma rápida, sencilla y accesible información jurídica como sentencias, criterios y jurisprudencia, a través del sitio web: https://sicje.te.gob.mx/Alfonsina/.
Felipe Fuentes recordó que el TEPJF, durante la pandemia de Covid-19, sostuvo su trabajo al mismo ritmo y nivel al adoptar mecanismos digitales para asegurar el acceso a la justicia sin interrupciones en su labor jurisdiccional.
“La inteligencia artificial puede mejorar la eficacia electoral, personalizar la comunicación con el electorado, detectar anomalías y facilitar un voto más informado. Pero también implica riesgos, como la desinformación, la manipulación de datos o la alteración de audios e imágenes”, señaló en un comunicado emitido por el TEPJF.
Aclaró que la IA no debe sustituir al juez natural y que los tribunales deben prepararse para enfrentar desafíos como la valoración de pruebas generadas mediante IA, la responsabilidad en el uso de algoritmos y la protección de los derechos asociados a su uso. Reiteró la necesidad de una legislación actualizada y basada en principios éticos, que preserve la integridad de los procesos democráticos.
