Ante un colapso electoral del chavismo y los planes de Maduro para una reforma constitucional del voto en Venezuela, la oposición debe preparar su estrategia de resistencia, escribe Ramón Cardozo.El pasado domingo 25 de mayo, en medio de unas elecciones parlamentarias y regionales marcadas por la represión, la ausencia total de información pública verificable y una abstención histórica que el Consejo Nacional Electoral (CNE) intentó maquillar sin éxito, Nicolás Maduro anunció que su proyecto de Reforma Constitucional -que presentará a la Asamblea Nacional en enero de 2026- contempla establecer un nuevo sistema electoral en Venezuela.
Maduro expresó: "Que se haga una reingeniería de todo: dónde vota la gente, cómo vota la gente... Venezuela necesita modernizar, ampliar y traer la realidad del nuevo sistema político para construir su sistema electoral."
Este adelanto de Maduro sobre uno de los aspectos más sensibles del extenso y poco conocido proyecto de Reforma Constitucional (80 artículos), que viene elaborando junto con un pequeño grupo de leales, confirma los fundados temores de reconocidos constitucionalistas venezolanos. Estos expertos advierten que la reforma busca modificar el sistema político del país -particularmente su arquitectura electoral- para garantizar que ninguna elección futura pueda poner en riesgo la permanencia del régimen en el poder.
El colapso electoral del chavismo
El proyecto de reforma constitucional de Nicolás Maduro no nace de su fortaleza, sino del colapso del respaldo popular a la llamada Revolución Bolivariana. En poco más de una década, el chavismo perdió más de la mitad de su base electoral: pasó de los 8,19 millones de votos obtenidos por Hugo Chávez en 2012 a aproximadamente 3,7 millones logrados por Maduro en 2024, según las actas recopiladas y publicadas por la oposición democrática.
Esta fuerte caída volvió a evidenciarse en las elecciones parlamentarias y regionales del pasado 25 de mayo de 2025. Tras el llamado a la abstención realizado por los principales líderes opositores -y a pesar de los esfuerzos del régimen por movilizar su maquinaria, presionar a empleados públicos y beneficiarios de programas sociales, fomentar la participación de facciones opositoras y controlar la cobertura mediática para simular normalidad-, al oficialismo le resultó imposible ocultar la realidad: una jornada electoral marcada por centros electorales vacíos y una escasa afluencia de votantes
El Consejo Nacional Electoral intentó maquillar la baja participación anunciando, sin respaldo verificable, que se habían escrutado 5,5 millones de votos para la lista nacional de la Asamblea Nacional. Esa cifra, según el ente comicial, representaría una participación del 42,63 % del electorado. Sin embargo, esta burda manipulación fue rebatida por el periodista especializado Eugenio Martínez (@Puzcas), quien alertó de que, con un padrón electoral de 21,5 millones de personas, esos votos equivaldrían apenas al 25% de participación. Martínez calificó estos comicios como los de menor afluencia en los últimos 20 años.
Más revelador aún: datos de fuentes independientes sugieren una realidad todavía más adversa para el régimen. Según el boletín final de la encuesta a boca de urna de la encuestadora Meganálisis (@Meganalisis), la participación real apenas habría alcanzado el 13,6 % del padrón electoral. Esta bajísima cifra se vio reflejada en imágenes y videos que circularon ampliamente en redes sociales, así como en reportes de agencias de noticias: calles desiertas y centros de votación vacíos en todos los rincones del país.
Liquidar la soberanía popular
Ante el colapso de su capacidad para movilizar apoyo popular, el régimen -pese a su férreo control institucional- se ha visto imposibilitado para realizar elecciones que, sin comprometer su permanencia en el poder, alcancen credibilidad mínima o le otorguen apariencia de legitimidad. Esta imposibilidad lo ha llevado a impulsar de forma acelerada un cambio radical del sistema político mediante una reforma constitucional. Como advierte el constitucionalista Juan Miguel Matheus (12.05.2025): "No se trata de una propuesta para modernizar el Estado [...] Es una jugada de la autocracia para acabar con el sistema político-electoral y perpetuarse en el poder".
La "reingeniería total” del sistema electoral anunciada por Nicolás Maduro el 25 de mayo, para cambiar "dónde la gente vota, cómo vota la gente” tiene como objetivo explícito la "creación del sistema electoral de los circuitos comunales". Este nuevo esquema no busca añadir una nueva capa de participación, sino que pretende reemplazar la forma en que actualmente se ejerce el voto y se accede a los cargos públicos, sustituyendo la elección directa por un sistema que canaliza y mediatiza la voluntad popular a través de las estructuras y delegados comunales controlados por el régimen.
Matheus señala que la reforma constitucional de Maduro tendría un impacto profundo en la geometría del poder político en Venezuela, ya que desmantelaría el sistema de distribución vertical del poder basado en la descentralización reemplazándolo por un esquema en el que el poder fluye únicamente desde la cúspide del régimen.
Ejercer el terror para blindar reforma constitucional
Pero la reforma constitucional no va a avanzar en el vacío. Incluso con el férreo control institucional, imponerle al país una transformación tan profunda conlleva riesgos, sobre todo si quien intenta imponerla carece totalmente de legitimidad. Esta reforma no solo va a encontrar resistencia de los sectores democráticos, sino que incluso podría generar tensiones dentro del propio chavismo y, sobre todo, dentro de las diversas estructuras de poder que lo sostienen.
De allí que, para blindar la imposición de la reforma, y prevenir cualquier fisura interna o externa, el régimen ha desplegado en paralelo una fuerte ofensiva represiva encabezada por el segundo hombre del régimen: Diosdado Cabello, actual ministro del Interior y secretario general del PSUV. Esta estrategia busca debilitar y desarticular cualquier forma de oposición organizada que pueda resistir los futuros cambios constitucionales y crear un clima de terror que facilite la aprobación de la reforma cuando finalmente se presente en enero del próximo año.
En las últimas semanas, al menos 70 personas han sido arrestadas acusadas de supuestos delitos vinculados al terrorismo. Entre estas detenciones se destaca el arresto de uno de los principales líderes de la oposición, Juan Pablo Guanipa, militante del partido Primero Justicia y figura muy cercana a María Corina Machado. A Guanipa se le acusa, sin presentar evidencia alguna, de estar relacionado con planes terroristas que supuestamente buscaban impedir la realización de los comicios del 25 de mayo.
Pocos días después, Cabello acusó a las organizaciones no gubernamentales PROVEA, Foro Penal, Médicos Unidos y Maracaibo Posible de estar presuntamente conectadas con una red de fines terroristas. Varias organizaciones internacionales, como la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, Human Rights Watch y Amnistía Internacional, se pronunciaron en contra de estos ataques que pretenden criminalizar la defensa de los derechos humanos en Venezuela
La gravedad de la amenaza demanda claridad estratégica. Así como Maduro viene avanzando para imponer su reforma autocrática, la oposición democrática debe preparar su estrategia de resistencia. No para competir en un falso debate jurídico, sino para deslegitimar esa reforma e impedir que se convierta en la clausura del último resquicio institucional de la democracia venezolana. Unos gobernantes ilegítimos, como Maduro y su Asamblea Nacional, no tienen derecho a reformar la Constitución que precisamente consagra los principios democráticos que ellos han violado.
Tal como advierte Matheus, esta lucha no puede circunscribirse a aspectos técnicos ni procedimentales. Aceptar el terreno jurídico que propone el régimen sería caer en su trampa. Por ello concluye que, frente al propósito de demoler la constitución de 1999, la tarea no es negociar alternativas jurídicas, sino defenderla como el símbolo jurídico y político que encarna la voluntad democrática expresada en las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio.
(cp)
