A partir de los primeros minutos del jueves 5 de junio, La Jornada podría dejar de publicarse de manera indefinida debido a un intento de huelga impulsado por el Sindicato Independiente de Trabajadores de La Jornada (Sitrajor), que, según el Consejo de Administración de Demos, Desarrollo de Medios S.A. de C.V., carece de legitimidad y respaldo mayoritario entre la plantilla laboral.
La dirección del periódico denunció que este movimiento, disfrazado de reclamos laborales, tiene en realidad motivaciones políticas y es impulsado por un grupo minoritario. La medida ha sido ampliamente rechazada por la comunidad laboral de La Jornada, que, a través de una carta firmada por alrededor de 250 trabajadores de base, expresó su deseo de continuar con las labores cotidianas del medio.
Irregularidades sindicales
De acuerdo con la postura oficial difundida este miércoles, el sindicato no cumplió con los requisitos establecidos en la reforma laboral de 2019, la cual exige que todo contrato colectivo debe ser legitimado mediante el voto personal, libre, directo y secreto de sus miembros. El Sitrajor no llevó a cabo este proceso dentro del plazo legalmente estipulado. A pesar de ello, cinco meses después del vencimiento del plazo, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) otorgó el reconocimiento al sindicato, hecho que la empresa considera una grave irregularidad.
Además, se señala que para ser legalmente validado, el registro sindical requiere del respaldo de al menos el 50 por ciento más uno del padrón laboral, que en este caso asciende a 168 personas, de una plantilla aproximada de 300 trabajadores. Según la empresa, el Sitrajor sólo obtuvo el apoyo del 30 por ciento. Esta situación, sumada a la falta de consulta interna para decidir el estallamiento de huelga, como lo exigen los propios estatutos del sindicato, evidencia, en opinión del Consejo de Administración, una vulneración grave a los principios democráticos que deben regir toda organización laboral.
En un comunicado se reiteró que no se puede permitir que “los intereses de un grupo minúsculo prevalezcan sobre los de la comunidad y su audiencia”. Por ello, manifiestan su respaldo absoluto a la directora del diario, su equipo de redacción, personal administrativo, abogados y lectores, insistiendo en la necesidad de continuar con las operaciones informativas tanto en su edición impresa como en la digital.
