Marcada por una baja participación, un engorroso procedimiento y cuestionamientos a su legitimidad, el proceso deja varias lecciones. En entrevista con DW, la directora del Instituto IDEA analiza los desafíos futuros.México empieza a hacer el balance, después de una jornada electoral inédita en la que un 13 % de los votantes concurrieron a las urnas. Mientras ya se conoce quiénes resultaron electos para la Suprema Corte, para la mayoría de los más de 2.600 cargos del Poder Judicial sometidos a votación habrá que esperar más de una semana.
Se comienza a materializar así la polémica reforma judicial que impulsó el expresidente Andrés Manuel López Obrador, y que en esta primera instancia renovará la mitad de los puestos, desde los juzgados a la Suprema Corte, proceso que se completará en una segunda etapa en 2027.
Junto con la reforma, a la que se le critica que podría politizar la administración de justicia, el proceso electoral para llevarla a cabo también ha sido blanco de críticas. Se dice que fue apurado, complicado y mal informado.
Un equipo del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA) está en México realizando una misión de monitoreo y acompañamiento técnico de las elecciones, con el foco en aspectos de género, en la representación, en el combate a la violencia política de género y en el voto informado.
En entrevista con DW, Marcela Ríos, directora regional para América Latina y El Caribe del Instituto IDEA, aborda las particularidades de la jornada del domingo 1º de junio. "Como en nuestra región hay bastante descontento con el funcionamiento de los poderes judiciales, la idea de una reforma radical como esta puede ser muy tentadora para muchos países. Lo principal es evaluar con evidencia cómo funciona y también pensar que en reformas como esta se necesita mucho tiempo, y debate sobre cómo implementarlas”, indica.
La socióloga, politóloga y exministra de Justicia de Chile se pronuncia sobre el proceso electoral, y no acerca del fondo de la reforma. Al respecto, califica la institucionalidad electoral de México como "extremadamente robusta".
"En cuanto a la forma", explica, "nos parece que fue un proceso correcto, bien implementado por el Instituto Nacional Electoral (INE), que tomó las medidas para que estuviera a la altura de los estándares internacionales en materia de integridad electoral, a pesar de que hubo muy poco tiempo para poder diseñarlo y llevarlo a cabo, y menos recursos de los que acostumbra tener para otro tipo de elección”.
La votación representó también un desafío para los electores. Había en total más de 7.000 candidatos, nominados por cada uno de los tres poderes del Estado, varias papeletas y diversos cargos por renovar.
DW: ¿Cómo se vivieron estas elecciones, y cómo las evalúa usted?
Marcela Ríos: Es importante reconocer que México está a la vanguardia a nivel internacional en materia de género y elecciones. No hay otro país en el mundo que esté implementando medidas para asegurar la paridad total en las instituciones del Estado como lo está haciendo México. Se tomaron medidas para asegurar que, no solo la competencia, sino también el resultado fuera paritario, y eso es muy positivo. Las personas tenían que votar separadamente por mujeres y hombres. En segundo término, esta elección continuó el trabajo de prevenir y sancionar la violencia política.
Se ha criticado que había muchas papeletas.
Efectivamente, era un proceso complejo. Me tocó estar en distintas casillas en la Ciudad de México. Había poca gente que tardaba 5 minutos; en promedio, demoraban 13 a 15 minutos, pero incluso vimos personas que estuvieron hasta media hora. Esto fluctuaba dependiendo del estado, del lugar y de la cantidad de papeletas. En varias casillas en las que estuvimos, las personas tenían nueve papeletas, con muchos nombres. Era una elección compleja, difícil de comprender para los ciudadanos.
¿Cómo dificultó eso el proceso?
La primera vez que se hace una elección con tantos distintos cargos es un verdadero desafío poder diseñar un tipo de papeleta y de sistema. Cuando hay tantos cargos que llenar no hay muchas más alternativas que tener distintas papeletas. La primera vez que se implementa una elección, se hace un cambio radical, o se introduce una nueva papeleta se requiere un buen tiempo de maduración para que las personas logren comprender la forma en que funciona.
¿Qué lecciones deja?
Las autoridades tienen que evaluar el proceso en profundidad, con todos los datos sobre la mesa, para ver cómo funcionó la elección y cómo el sistema puede ser simplificado, mejorado y facilitado para los ciudadanos, para que funcione y se mantenga en el tiempo. Podría tener sentido hacer las elecciones concurrentes con alguna otra y distribuir las votaciones para que los ciudadanos no tengan que elegir tantos cargos al mismo tiempo.
¿Fue buena idea renovar al mismo tiempo tantos cargos?
Esta reforma fue enviada por el Ejecutivo y aprobada por el congreso, y los actores políticos tienen una decisión soberana al respecto. En general, siempre recomendamos que reformas de diseño estructural sobre cómo funciona el Estado sean elaboradas con el suficiente tiempo para poder ser implementadas. Más que si era buena idea la cantidad de autoridades, es el tiempo de implementación el que podría haber sido mucho más largo y escalonado, con lo que una reforma de esta magnitud se hubiera visto beneficiada, y la ciudadanía hubiera tenido mayor acceso a la información para poder votar de manera más informada.
¿Se esperaba una participación tan baja?
Es difícil tener una estimación, no tenemos con qué compararla. No es solo una elección inédita para México, sino absolutamente excepcional a nivel internacional. En general, en América Latina las elecciones de presidente o presidenta son las que, por lejos, tienen el mayor nivel de participación. En México, la votación para revocar el mandato del presidente López Obrador tuvo el 18 % de participación. No era esperable que, en una elección nueva de autoridades judiciales, que los ciudadanos no tienen costumbre de elegir, que tuvo poco tiempo de implementación, hubiera tenido una particiación muy alta. A pesar de eso, efectivamente, 13 % es un bajo nivel.
¿Significa eso que un 13 % da legitimidad al proceso?
A menos que se establezcan niveles de quorum legales, que en la mayoría de los países no existen, la legitimidad de la elección no está asociada al nivel de participación. Si se cumplen las reglas del juego y los estándares internacionales, no se podría hacer un vínculo directo entre legitimidad y participación.
¿Esta baja participación podría tener alguna, implicancia para el nuevo Poder Judicial?
Los poderes judiciales en general son electos por un puñado de personas. La legitimidad no está dada por eso exclusivamente y la del nuevo Poder Judicial se va a jugar por muchos otros factores. Es un gran desafío construir esa legitimidad y confianza, y tiene que ver con la posibilidad de lograr que la justicia sea más accesible, más rápida, más transparente. Con la eficacia y con el resultado de lo que hace el Poder Judicial, y no solo con esta elección. Pero sí creo que esta baja participación es uno de los elementos que hay que considerar al evaluar el proceso en su conjunto, para entender qué la explica. También es muy relevante saber si se distribuye de manera equitativa en todos los estados.
En el contexto de una reforma judicial muy cuestionada, la baja votación podría influir en que, a ojos de la población, los nuevos jueces no sean suficientemente representativos.
Esa es una opinión legitima, y habrá que evaluar en el futuro la opinión de los ciudadanos. Hasta ahora, las encuestas en México mostraban que, a pesar de la complejidad del proceso, entre el 60 % y el 70 % de las personas estaba de acuerdo con la reforma.
Además del bajo nivel de legitimidad y aprobación por parte de los ciudadanos, los poderes judiciales en América Latina tienen baja eficacia. En algunos estados de México el sistema judicial tiene el 99% de impunidad respecto de crímenes.
Hay un gran desafío para el Poder Judicial. Reconozco que hay muchas opiniones técnicas en contra de esta solución que ha buscado México. Nosotros no vinimos a hacer un informe respecto del fondo del tema, sino que estamos acompañando el proceso electoral. Al respecto, una autoridad no se invalida por el nivel de participación cuando no existe legalmente un umbral que determine cuándo un proceso es vinculante o no, según la cantidad de personas que votan. Va a ser muy importante evaluar los resultados, una vez que este sistema esté en funcionamiento.
Tampoco la votación popular asegura 'a priori' la legitimidad e idoneidad que se está buscando.
No hay una relación directa. Lo mismo vemos con los congresos. El rol del Poder judicial no se juega solo en la forma en que se elige. Puede romper mecanismos, nepotismo, clientelismo, tráfico de influencia y conflicto de interés, que son comunes en los sistemas de nombramiento de los poderes judiciales, pero no asegura que todos los otros problemas de corrupción, eficacia y legitimidad se vayan a resolver.
El hecho de que los jueces se deban a los votantes, ¿puede restarles independencia?
Tenemos pocos ejemplos en el mundo para comparar si eso es cierto. No tenemos suficiente evidencia; sería especulativo decir una cosa u otra. Estados Unidos tiene una larga tradición de elegir a los jueces de primera instancia y a los fiscales, y no necesariamente funciona peor ese sistema que otros.
Sí tenemos bastante evidencia de que hay un problema, en América Latina, de captura de las instituciones judiciales por parte de intereses privados, el crimen organizado o redes clientelares. Son problemas endémicos con jueces no electos. Tiene más que ver con las estructuras de funcionamiento de la sociedad, del poder, con la opacidad en el funcionamiento del Estado y, por lo tanto, no solo porque va a haber elección popular va a haber menos de estos problemas, y tampoco es que, donde no se eligen los jueces, no existen estos problemas de manera endémica. Combatirlos no termina ni empieza solo con la elección popular.
(cp)
