La Corte Suprema de Justicia de Argentina confirmó que la expresidenta Cristina Fernandez de Kirchner pasará seis años en la cárcel, además de la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos contra la expresidenta Cristina Fernández por defraudar al Estado por medio de contratos para obras públicas.
Tras esta decisión, la exmandataria puede ser detenida en cualquier momento, pese a que Fernández aseguró que esto se trata de una venganza política y judicial. La defensa puede solicitar que la sentencia se cumpla en su casa, ya que en febrero cumplió 72 años.
La ratificación de la sentencia ocurre ocho días después de que Fernandez de Kirchner anunciara su candidatura como legisladora en los elecciones de Buenos Aires, previstas para septiembre.
La causa por la que se investigó a Fernández ocurrió por la adjudicación de 51 obras en la provincia Santa Cruz, las cuales beneficiaron al empresario Lázaro Báez durante los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015).
Gregorio Dalbon, abogado de la expresidenta, afirmó que la decisión de la corte es vergonzosa y defendió la inocencia de Cristina Fernández, por lo que se trata de una venganza del poder.
“Es el resultado de un entramado de intereses que no tolera a una mujer que transformó la Argentina con justicia social, soberanía política e independencia económica. Una dirigenta que no fue ni será parte del sistema de privilegios que gobierna desde las sombras. No hay delito. No hay prueba. No hay justicia”, escribió en su cuenta de X.
Añadió que ni siquiera hay una descripción clara del supuesto daño, solo se basaron en conjeturas, inferencias y un relato armado fuera del expediente, lo cual atenta contra el derecho a la presunción de inocencia.
“Cristina no fue juzgada: fue condenada por anticipado por un tribunal que actuó sin independencia ni imparcialidad, en obediencia a una matriz de persecución que excede lo judicial y que responde a un objetivo político: proscribirla. Estamos ante una condena incompatible con el Estado de Derecho. Hemos asistido a un proceso absolutamente viciado, que vulnera los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino en materia de derechos humanos”.
