La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió otorgar un amparo a Juana Hilda González Lomelí, ordenando su liberación inmediata, tras pasar 19 años en prisión acusada del secuestro de Hugo Alberto Wallace Miranda, hijo de la fallecida activista Isabel Miranda de Wallace.
Con cuatro votos a favor y uno en contra, los ministros concluyeron que las pruebas en su contra fueron insuficientes y obtenidas bajo tortura, violando así sus derechos fundamentales. La propuesta fue presentada por el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien argumentó que el caso estaba plagado de irregularidades legales y mediáticas que afectaron el debido proceso.
¿Quién es Juana Hilda González Lomelí?
Juana Hilda fue detenida en enero de 2006 por la entonces Procuraduría General de Justicia, acusada de participar en el secuestro cometido un año antes. En 2011, fue sentenciada a 78 años de prisión por los delitos de privación ilegal de la libertad, delincuencia organizada y portación de armas de uso exclusivo del Ejército.
La defensa de González Lomelí sostuvo que el alto perfil mediático del caso Wallace influyó negativamente en el proceso judicial. Su imagen fue exhibida en medios de comunicación y anuncios espectaculares, presentándola como culpable desde antes del juicio.
Diversas organizaciones y medios, como The Washington Post, han documentado cómo la estigmatización por género y clase social afectó a González Lomelí, quien era bailarina del grupo Clímax y madre de dos hijos.
Defensa pidió reabrir el caso tras muerte de Isabel Miranda
El expediente judicial detalla que fue trasladada ilegalmente a instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), donde fue víctima de tortura sexual y psicológica, y presionada para grabar una confesión.
El caso fue reabierto a solicitud de su defensa, poco después del fallecimiento de Isabel Miranda de Wallace, quien durante años fue una figura influyente en el caso y en la opinión pública, exigiendo justicia para su hijo.
Esta decisión de la SCJN representa un momento clave en la revisión de casos relacionados con violaciones graves a derechos humanos. Asimismo, podría reabrir el debate sobre la validez del resto del llamado “Caso Wallace” y sus demás implicados, como Brenda Quevedo Cruz, quien aún permanece privada de la libertad bajo acusaciones similares.
