Mariana Boy Tamborrell, procuradora federal de Protección al Ambiente, dio a conocer que Jorge “N” y José Alfredo “N” fueron vinculadas a proceso por delitos ambientales en en el Puerto de Sisal, municipio de Hunucmá, Yucatán, ya que dañaron manglares para lotificar y vender terrenos en ese lugar.
A ambos acusados también se les ratificó la prisión preventiva, ya que no solo atentaron contra especies protegidas, también violaron los sellos de clausura que se colocaron en lo terrenos costeros ganados al mar.
Las afectaciones se sancionan con una pena de dos a diez años de prisión y de trescientos a tres mil días multa a la persona que dañe, deseque o rellene humedales, manglares, lagunas, esteros o pantanos.
“Lo que hemos visto en Sisal a lo largo de varios meses ha sido una reiterada violación de la normatividad ambiental y de las clausuras impuestas por Profepa ante la remoción ilegal de vegetación. Esta conducta es inaceptable, especialmente porque estamos hablando de uno de los ecosistemas más frágiles, fundamentales y escasos del planeta”, afirmó Mariana Boy.
En febrero y marzo de este años, los inspectores de la Profepa ubicaron tres zonas de la costa de Sisal en donde se eliminó la vegetación de una especie protegida de manglar (mangle botoncillo) en 37 mil 784 metros cuadrados, por lo que se impusieron clausuras y abrieron procedimientos administrativos para frenar la comisión de estos ilícitos.
Sin embargo, los sellos fueron violados en reiteradas ocasiones para reanudar con el desmonte y hasta la lotificación de los terrenos, todo eso se hizo sin contar con la autorización, por lo que la Profepa denunció los hechos ante la Fiscalía General de la República.
“Para frenar estos ilícitos y buscar alternativas de solución en las que se atendieran las necesidades de la población, autoridades municipales y estatales, la Profepa y la Semarnat establecieron mesas de diálogo con los habitantes de la zona, en las que se acordó buscar lugares alternativos para la construcción de viviendas. Pese a la realización de estas reuniones, los procesos de desmonte y lotificación de la zona federal marítimo terrestre continuaron.
“Vamos a continuar trabajando de la mano de la FGR y de otras instituciones para robustecer la carpeta del caso; además, se mantendrán los operativos de inspección y vigilancia, las clausuras y los procedimientos administrativos a través de los cuales buscamos la reparación del daño y la protección de los ecosistemas costeros”, agregó la Procuradora.
