No es casualidad que el nuevo capítulo de la campaña de deportación masiva del presidente Donald Trump se centre en Los Angeles, California, ni que se fuerce un conflicto bilateral con México, opina Günther Maihold.En los últimos días, estallaron protestas en Los Ángeles, después de una semana de redadas de inmigración en esta ciudad. Muchas personas se manifestaron contra el Gobierno de Donald Trump y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), que irrumpió en comunidades latinas y centros comerciales para arrestar a migrantes y avanzar hacia su deportación. Las protestas se saldaron con actos de violencia.
La decisión del presidente Donald Trump de enviar 700 marines estadounidenses y 4.000 efectivos de la Guardia Nacional para apoyar la respuesta federal a los disturbios parece corresponder más a un nuevo capítulo de su campaña de deportación masiva.
El hecho de que las redadas se realizaran precisamente en esta ciudad de tendencia liberal y en un estado controlado por los demócratas, deja claro un manifiesto interés político. Estas acciones buscaron la confrontación con el gobernador del estado y la alcaldesa local, y demuestran el interés de la Casa Blanca por mostrar a sus seguidores avances en la deportación de personas "sin papeles" e infundir la ley y el orden.
Así amanece una época de miedo, mientras el Gobierno llama a los militares y promete la extensión de redadas de inmigración, con el afán de aumentar el número de detenciones a 3.000 personas al día.
La criminalización de migrantes
El 20 de enero de 2025, el presidente Trump firmó una orden ejecutiva titulada "Protegiendo al pueblo estadounidense contra la invasión", que preveía "deportaciones masivas" para librar al país de inmigrantes ilegales.
Como resultado de este decreto, se produjeron arrestos de inmigrantes por parte de agentes del ICE cuando eran entrevistados para obtener una Green Card ―la tarjeta de residencia permanente en Estados Unidos― o para lograr la aprobación de su solicitud de naturalización y convertirse en ciudadanos estadounidenses.
El objetivo de estos actos es dificultar la vida a los inmigrantes con el lema de la "defensa de la seguridad nacional". Sin embargo, las personas detenidas están muy lejos de ser delincuentes que aterrorizan a las comunidades estadounidenses.
Más bien, se pretende ejercer presión sobre los inmigrantes sin estatus legal y excluirles del derecho a prestaciones federales. De hecho, en febrero, Trump firmó una orden para "poner fin a las prestaciones financiadas por los contribuyentes para los extranjeros ilegales".
Como es difícil deportar a los 14 millones de personas estimadas como inmigrantes en situación irregular en Estados Unidos, el objetivo final de la administración es empujarles a "autodeportarse". A través de anuncios de televisión, la secretaria de Seguridad Nacional les dice que "se vayan ya" o serán perseguidos, aumentando así la presión para tomar esta decisión y, al mismo tiempo, tratando de asustarles con acciones represivas como redadas por sorpresa en centros comerciales.
Sin embargo, dos tercios de los inmigrantes indocumentados llevan en el país una década o más, por lo que, en lugar de rendirse, limitan sus salidas a espacios públicos para pasar desapercibidos, incluso en lugares que antes eran seguros, como escuelas, iglesias y hospitales.
Muchas familias son padres que ya no llevan a sus hijos al colegio y hay reportes de una disminución sensible de asistencia a misas y servicios religiosos. Otras han recurrido al sistema legal y al apoyo consular para salvarse, especialmente ante la amenaza de que su residencia en un estado santuario como California o una ciudad santuario como Los Ángeles se vuelva insegura.
Deportaciones indiscriminadas
Sin embargo, a medida que se intensifica la campaña de "deportación masiva" desde la Casa Blanca, los agentes de inmigración están persiguiendo a inmigrantes de diversos orígenes, por poco riesgo que estos supongan.
Para cumplir sus objetivos, el ICE está tratando literalmente de perseguir a cualquiera que pueda atrapar, incluso personas que disponen de la anhelada Green Card que certifica su estancia legal en el país. Los más afectados son los jóvenes inmigrantes indocumentados, conocidos como dreamers, que están cursando estudios secundarios o universitarios en EE. UU.
Se trata de un sistema de deportación que el presidente del ICE ha denominado "Amazon Prime para seres humanos", un reflejo verbal de la brutal y deshumanizadora campaña para deportar a cuanta más gente mejor, sin importar el coste.
Trump anhela emplear al Ejército en esta tarea, ya que tiene problemas de personal disponible en el ICE, además de miles de agentes de las fuerzas del orden federales, estatales y locales, acosando comunidades enteras en una cacería de inmigrantes.
El impacto en las relaciones entre México y EE. UU.
No es de extrañar que la secretaria de Seguridad Nacional de EE. UU., Kristi Noem, haya "condenado" a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por "alentar" las protestas contra las redadas en Los Ángeles.
Aunque Sheinbaum se había pronunciado más bien sobre los impuestos inminentes a las remesas que envían los mexicanos a sus familiares en México, y tras estallar las protestas, ha hecho un llamamiento a la comunidad mexicana para que actúe de manera pacífica y no caiga en provocaciones, la parte estadounidense trató de inmediato de llevar la situación interna a un conflicto bilateral.
Una vez más, quedó patente que no hay una relación estable entre los dos Gobiernos, a pesar de los esfuerzos de la parte mexicana por mantener una comunicación fluida entre los dos presidentes. México no ha logrado salirse de su actitud reactiva ante los recurrentes ataques procedentes del norte, lo que empieza a limitar y cercenar cada día más su espacio de acción.
(rml)
