En una nueva escalada contra las voces críticas, el Gobierno de Nayib Bukele amenaza hoy a los periodistas del medio digital "El Faro" con la cárcel y el destierro.El periódico digital El Faro ha sido un referente del compromiso de los periodistas de El Salvador con la libertad de prensa y el combate a la corrupción, lo que lo llevó a colocarse en la mira del Gobierno de Nayib Bukele.
A inicios de mayo de 2025, El Faro publicó revelaciones de dos líderes mareros que dijeron que Bukele llegó al poder gracias a un pacto con las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha (MS-13). Esto habría llevado al Gobierno a girar órdenes de aprehensión contra siete periodistas de El Faro que se encuentran en el exterior y no han podido regresar a su país.
En tres videos, el jefe pandillero Carlos Cartagena ("Charli”) y otro identificado como Liro Man, detenidos y luego liberados por el Gobierno, dijeron que las maras ayudaron a Bukele a ganar en 2015 la alcaldía de San Salvador y en 2019 la presidencia, apoyando sus campañas a cambio de dinero y otros beneficios para líderes pandilleros presos.
La revelación cayó como bomba en el despacho presidencial, pues confirmó rumores que habían circulado durante años. Y la represalia oficial, como suele ocurrir, no fue contra los entrevistados, sino contra los periodistas.
Quedaron en un limbo
"Tuvimos información fidedigna de la intención del Gobierno de detenernos y, desde entonces, hemos estado moviéndonos fuera del país”, relata en entrevista con DW el periodista Nelson Rauda, editor digital de El Faro, quien, debido a esa amenaza, ha tenido que permanecer en Estados Unidos.
Varios de sus colegas se reunieron a inicios de junio en Costa Rica y habían decidido regresar a su país, cuando supieron de fuentes diplomáticas que en el aeropuerto de San Salvador había un despliegue policial listo para detenerlos.
"Yo salí a Estados Unidos el 30 de abril con el propósito de regresar a mi casa en una semana. En El Salvador está mi familia, mi empleo, todas mis cosas. Esto me ha provocado incertidumbre económica y emocional. No me defino como un exiliado, porque no me he establecido en otro país, pero me siento en el aire”, expresa.
Nelson Rauda y sus colegas habían contemplado esta situación como un escenario posible, "pero una cosa es suponerlo y otra vivirlo”.
"No somos ingenuos, sabemos que hacemos periodismo independiente bajo una dictadura, pero no hemos violado ninguna ley ni cometido delito alguno. No sabemos siquiera si estamos acusados y de qué, porque la Fiscalía no ha dicho por qué nos persigue”, sostiene.
De algo sí están claros: "La posibilidad de regresar implica el riesgo de que nos encarcelen y nos torturen, porque nadie está seguro en El Salvador”.
Bukele, confrontación y espionaje
Nelson Rauda recuerda que los ataques de Bukele a la prensa crítica no comenzaron hace un mes. El presidente de El Salvador empezó a marginarla antes de asumir la presidencia y después se enfrentó públicamente a los y las periodistas que lo cuestionaban. Y a quienes no puede incriminar, los ha acusado de crímenes inventados, desde delitos sexuales hasta lavado de dinero, explica Rauda.
En 2021, El Faro denunció que el Gobierno espiaba a la prensa y a defensores de derechos humanos a través del programa Pegasus. En represalia, el Ministerio de Hacienda abrió auditorías contra el periódico, forzándolo a mudar su sede fiscal a Costa Rica dos años después. Amnistía Internacional respaldó esa denuncia de espionaje tras una investigación especializada.
Bukele fue reelegido a inicios de 2024, pues, aunque la Constitución le impedía volver a postularse, se inscribió como candidato mediante una argucia judicial, similar a la utilizada por su par nicaragüense Daniel Ortega en 2011.
Analistas dicen que ganó la última elección con más del 80 por ciento de los votos, debido al supuesto apoyo popular a su plan de seguridad, que se inició en 2022 al romperse el pacto con los jefes de las maras y derivó en la implantación de un estado de excepción, que ha ido renovándose y sigue vigente hasta hoy.
A la sombra de ese plan, Bukele ha encarcelado en tres años a casi 80.000 personas, en su mayoría acusadas de pertenecer a grupos criminales y de las cuales al menos 250 habrían muerto en prisión, según denuncias. La cárcel más grande es el Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (CECOT), donde el mandatario aceptó recluir a cientos de migrantes deportados de Estados Unidos previo acuerdo con su colega Donald Trump.
"Puede que los salvadoreños se sientan más seguros que hace cinco años, y que la tasa de homicidios y extorsiones se haya reducido, pero ¿a qué costo?”, se pregunta Nelson Rauda. "Puede ser que la gente sienta más seguridad, sí, pero a cambio de la pérdida de sus derechos y su libertad”.
El periodista sostiene que el mandatario gobierna "con su clan familiar como una monarquía”, en un país donde "las leyes vigentes no se respetan porque en El Salvador no hay más ley que Bukele”.
La prensa bajo crisis de seguridad
Aunque en el país hay más de una docena de medios independientes, mucha gente comienza a tener miedo de hablar "porque Bukele maneja todas las instituciones del Estado y ha sustituido la mafia de las pandillas por una mafia gubernamental”, afirma Rauda.
Considera que la prensa salvadoreña pasa por "un momento de transición”, ya que los periodistas no han tenido todavía que pasar al exilio como en Nicaragua, "aunque quizás sí vayamos para ahí”. Y dice que los medios de su país viven también una crisis de seguridad, pues la persecución a El Faro "puede leerse como un mensaje de advertencia del Gobierno de Bukele” al resto de periodistas salvadoreños.
No pretende hablar por todos sus colegas, ya que hay quienes piensan que aún hay espacio para hacer periodismo crítico en El Salvador. "Yo cada día tengo más dudas, pienso que la realidad nos dice que esos espacios se están cerrando para nosotros”.
Gobierno no niega ni confirma
A nombre del Gobierno, el comisionado presidencial de Derechos Humanos, Andrés Guzmán, aseguró en la red social X que en El Salvador se garantiza el ejercicio de la libertad de prensa y expresión.
Sin confirmar o negar que se hayan emitido órdenes de captura para siete reporteros y editores de El Faro, Guzmán agregó de forma ambigua: "El principio de legalidad rige en nuestro país para todos los ciudadanos, incluidos los periodistas”.
Autoritarismo y represión
A las amenazas contra los periodistas de El Faro , se sumó en las últimas semanas el arresto de los abogados Ruth López y Enrique Anaya, vinculados a la defensa de derechos humanos. Esto ha sido denunciado por organizaciones cívicas de El Salvador, que temen que la democracia desaparezca.
"El régimen de Bukele se ha sostenido sobre su supuesta popularidad, con lo que ha justificado su concentración de poder y se ha protegido de las críticas nacionales e internacionales por actos de corrupción y violaciones graves de derechos humanos”, dice a DW Noah Bullock, director de la ONG religiosa Cristosal, dedicada a la atención a víctimas de violencia.
"Sin embargo, aunque en algún momento Bukele fue admirado, hoy su popularidad enfrenta un claro desgaste. Ahora es plenamente reconocido como un dictador más y debe recurrir a la represión para continuar en el poder”, afirma Bullock.
A su juicio, "la democracia en El Salvador se reduce hoy a un espacio cívico bajo presión y un periodismo independiente sometido a intimidación constante”. Explica que la Ley de Agentes Extranjeros, aprobada recientemente, busca "controlar las actividades de la ciudadanía, emitir sanciones y castigar a las personas que no estén alineadas con el Gobierno”.
"Está claro que el Gobierno no va a tolerar a nadie que piense diferente, y por eso buscan aniquilar los últimos pilares de la democracia en El Salvador”, subraya Bullock.
(ms)
